Félix Parra
SANTIAGO.-Ahora que las inundaciones provocadas por las últimas lluvias han dejado al descubierto, que gran parte de los desplazados residen a orilla de arroyos, ríos y cañadas, pudiera las autoridades, tomar las medidas pertinentes, para evitar que se continúe, las ocupaciones irregulares de estas áreas.
Muy oportuno además, es el proyecto de Ley de Agua que se discute en el Congreso Nacional, para restablecer el respeto a las riberas de estos afluentes que es obligatorio permanecer libre, pero que la falta de autoridad ha provocado que sean ocupadas con levantamiento de viviendas por particulares, desviando muchas veces el curso normal de las aguas.
Las márgenes de estos afluentes y cuerpos de agua y aquellas zonas donde el río ha cambiado su curso, que en muchos casos constituye una amplia extensión de terreno que son sus playas, cuando, pasan décadas de haber sido abandonada por el curso de las aguas, entonces particulares se adueñan de ella, no solo para vivienda, sino también, para predio agrícola y ganadero.
Estos espacios deben ser preservados para cuando los ríos incrementan su crecida, como ha ocurrido ahora, tengan espacios, por donde desplazarse, sin encontrar obstáculo, que les obstruyan su curso normal y convierta a sus ocupantes en damnificados, terminando en una carga más para el Estado.
Las más recientes inundaciones registradas por las intensas lluvias que por más de 15 días, han afectado parte importante del país, específicamente la región Norte, dejan al descubierto la permisibilidad de las autoridades que han permitido la ocupación de las márgenes de los ríos, arroyos y cañadas, sobre todo en las zonas urbanas.
En los últimos años muchos cauces de diferentes afluentes en áreas metropolitanas han sido ocupados por particulares, quienes han levantado viviendas, las cuales cuando llueve son inundadas por la crecida de dicho caudales, obligando su rescate por parte de las autoridades.
Estas ocupaciones se hacen ante la mirada indiferente de las autoridades de socorro, medioambientales y en violación a las leyes y normativas que establecen claramente la preservación de las mismas e impulsada por el clientelismo político, que permea toda la estructura institucional del país.
El número de desplazados en cada una de esas comunidades del país es cada vez mayor, porque cada día la ocupación se extiende a todo lo ancho y largo del territorio nacional, sin que se le ponga freno, a dicha práctica.
Muy oportuno además, es el proyecto de Ley de Agua que se discute en el Congreso Nacional, para restablecer el respeto a las riberas de estos afluentes que es obligatorio permanecer libre, pero que la falta de autoridad ha provocado que sean ocupadas con levantamiento de viviendas por particulares, desviando muchas veces el curso normal de las aguas.
Las márgenes de estos afluentes y cuerpos de agua y aquellas zonas donde el río ha cambiado su curso, que en muchos casos constituye una amplia extensión de terreno que son sus playas, cuando, pasan décadas de haber sido abandonada por el curso de las aguas, entonces particulares se adueñan de ella, no solo para vivienda, sino también, para predio agrícola y ganadero.
Estos espacios deben ser preservados para cuando los ríos incrementan su crecida, como ha ocurrido ahora, tengan espacios, por donde desplazarse, sin encontrar obstáculo, que les obstruyan su curso normal y convierta a sus ocupantes en damnificados, terminando en una carga más para el Estado.
Las más recientes inundaciones registradas por las intensas lluvias que por más de 15 días, han afectado parte importante del país, específicamente la región Norte, dejan al descubierto la permisibilidad de las autoridades que han permitido la ocupación de las márgenes de los ríos, arroyos y cañadas, sobre todo en las zonas urbanas.
En los últimos años muchos cauces de diferentes afluentes en áreas metropolitanas han sido ocupados por particulares, quienes han levantado viviendas, las cuales cuando llueve son inundadas por la crecida de dicho caudales, obligando su rescate por parte de las autoridades.
Estas ocupaciones se hacen ante la mirada indiferente de las autoridades de socorro, medioambientales y en violación a las leyes y normativas que establecen claramente la preservación de las mismas e impulsada por el clientelismo político, que permea toda la estructura institucional del país.
El número de desplazados en cada una de esas comunidades del país es cada vez mayor, porque cada día la ocupación se extiende a todo lo ancho y largo del territorio nacional, sin que se le ponga freno, a dicha práctica.
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