La Fiscalía ecuatoriana pide que no se permita la salida del país al vicepresidente

Quito, 29 ago (EFE).- La Fiscalía General de Ecuador pidió hoy a la Corte Nacional de Justicia que no permita la salida del país del vicepresidente Jorge Glas, sometido a una audiencia de investigación formal en relación al caso Odebrecht junto a otros sospechosos.
La fiscalía informó hoy mediante un mensaje en su cuenta de Twitter que el fiscal Carlos Baca había solicitado en relación al vicepresidente de Ecuador, la "medida cautelar de prohibición de salida del país".

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La Corte Nacional de Justicia de Ecuador comenzó hoy a escuchar los argumentos para vincular penalmente a Glas por un caso relacionado con las tramas de la empresa brasileña Odebrecht, un caso en el que hay una decena de implicados.
En esa audiencia, que se celebró en ausencia del vicepresidente ecuatoriano, la Fiscalía tenía previsto presentar los indicios a su disposición contra Glas, así como su vinculación a un presunto delito de "asociación ilícita" en el proceso por corrupción contra la constructora brasileña Odebrecht.
Glas está representado en la sala por su abogado Eduardo Franco Loor, exjuez de la Corte Nacional de Justicia y quien a su llegada no hizo declaraciones a los medios ni confirmó si su cliente llegaría en algún momento.
El caso Odebrecht ha acumulado hasta ahora una decena de implicados, y entre éstos aparece un tío de Glas, identificado como Ricardo Rivera.
Esta audiencia se celebra después de que la Asamblea Nacional autorizara el proceso el pasado viernes, requisito ineludible dada su condición de aforado.
La Fiscalía ecuatoriana requirió el proceso después de que en las investigaciones realizadas estos últimos meses por la fiscal Diana Salazar el nombre de Glas emergiera como sospechoso y posible implicado.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que la brasileña Odebrecht había pagado supuestamente unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, incluido Ecuador.
Ese informe indicaba que en Ecuador, entre 2007 y 2016, la constructora brasileña presuntamente pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a "funcionarios del Gobierno", lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.