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domingo, 7 de diciembre de 2014

Cienfuegos: La Comunidad más problemática del país


Por Miguel Angel Cid Cid. 7 de diciembre de 2014 - 
El modelo Casa de Justicia puede ser un excelente inicio para romper el cuello de la botella en el sistema, una Casa para una comunidad de casi 300 mil habitantes, como es el caso de Cienfuegos, quizás no sea suficiente y es muy posible que ahí radique ese número elevado de casos
Miguel Angel Cid Cid

Miguel Angel Cid Cid

Especialista en fortalecimiento y planificación institucional, con experiencias exitosas en RD y Haití. Experto en resolución de conflictos y capacitación de jóvenes y adultos. Creador e impulsor de la primera experiencia de presupuesto participativo en Villa González, República Dominicana, recorriendo decenas de municipios promoviendo iniciativas de planificación estratégica y participación socio-política a nivel local.
El pasado 3 de diciembre, se celebró la XV aba versión del “Dialogo sobre Políticas Públicas”, iniciativa promovida por la Fundación Solidaridad, el CIDEL y la Universidad Autónoma (UASD), el tema en debate fue, “El acceso ciudadano a la justicia”, en este contexto, el magistrado Renzo Honoret, facilitador del debate, junto a la magistrada Santa Polanco, coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Genero de laCasa Comunitaria de Justicia de Cienfuegos, afirmo, “Cienfuegos es una de las comunidades más peligrosas del país”.
Llegado el turno de los/as dialogantes, estos increparon al magistrado aclarando que “Cienfuegos es una comunidad como cualquier otra, donde se puede vivir dignamente, no es la más peligrosa”, ante estas aclaraciones Honoret explico, “No dije que Cienfuegos fuera la comunidad más peligrosa del país, lo que dije fue que era la más problemática” y siguió diciendo, “creo eso porque he trabajado en varias comunidades grande y en ninguna de ellas he recibido tantos casos como en Cienfuegos
El magistrado Renzo no se quedó ahí, tratando de justificar su percepción sobre las razones por la que se producen tantos casos o delitos menores en Cienfuegos afirmo, “esto es así, debido a que esta es una comunidad joven, formada por migrantes de todas partes del país, cuyos habitantes aun no logran una identidad plena con la localidad donde viven”.
Con estos razonamientos, el fiscal adjunto de “La Casa Comunitaria de Justicia de Cienfuegos” está estableciendo que los/as habitantes de esta populosa localidad, que desborda los límites del barrio y, se acerca a pasos agigantados a los criterios de una ciudad grande, no han conseguido  desarraigarse de sus comunidades originarias, a pesar de que la fundación de Cienfuegos data de principios de la década del 70, del siglo XX, es cierto que el desplazamiento de personas hacia Cienfuegos continua y que le queda terreno para crecer, pero descargar en la migración la producción de delitos menores en cantidades industriales no me parece justo.
El sistema de administración de justicia dominicano, antes de andar buscando culpables de los problemas sin solución en nuestras comunidades, debería iniciar con urgencia un levantamiento amplio de las razones que originan tantos problemas y, al mismo tiempo, mantiene un cuello de botella en la impartición de justicia en el país.
No puede decirse que la migración y, su consecuente falta de identidad no tiene responsabilidad en esto, ahora, lo que sí es seguro, es que no es esta la principal razón de que una comunidad sea o no peligrosa o problemática, es muy posible que el asunto ande por el poco esfuerzos en superar la debilidades del sistema de justicia dominicano, como es el caso del mercado de sentencias, dejar en manos de los partidos políticos la selección de jueces y fiscales, la concentración de la infraestructura judicial en las grandes ciudades, la venalidad de jueces/as y fiscales y un largo etcétera.
El modelo Casa de Justicia puede ser un excelente inicio para romper el cuello de la botella en el sistema, una Casa para una comunidad de casi 300 mil habitantes, como es el caso de Cienfuegos, quizás no sea suficiente y es muy posible que ahí radique ese número elevado de casos que el magistrado Honoret lamenta, el Estado y el gobierno deberían tomar en serio esta iniciativa y diseñar una política que garantice la diseminación de Casas de Justicia por todo el país y de seguro que Participación Ciudadana, organización que promueve ese programa, estaría en la disposición de aportar su experiencia para que esta política sea coherente con los intereses de la ciudadanía en materia de justica.

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