Siete puntos de la deuda social acumulada en el 2017.

José Jáquez

La nación dominicana ingresó al año 2017 entre lamentos y esperanzas, ante los desafíos  de los  temas fundamentales pendientes de  resolver. En estos puntos el estado está en la obligación de buscar una salida en procura de evitar desencadenamientos no deseados tanto para gobernantes como para gobernados. Se propone un menú en el que se trabaje comprometidos con un ambiente de entendimiento, a saber:

Primero: Revisión a la ley dominicana de los hidrocarburos. Se habla de que los precios de los combustibles dependen del precio del petróleo en el mercado internacional, pero la población no ve sintonía entre uno y otro. Se paga un amplio diferencial en la compra de cada galón, en el que se siente la estafa del que determina el precio hacia toda la población.  El pueblo dominicano sufre un gasolinazo, cada fin de semana.

Segundo: Protección de las áreas naturales  protegidas. Como parte de la humanidad, los dominicanos tienen la gran responsabilidad de dejar una ambiente habitable a las nuevas generaciones. El gobierno permite que grupos y particulares con intereses económicos  afecten los ríos, las playas, montañas y demás reservas. Se habla de conuquismo como un mal, pero por lo menos esta práctica busca subsistencia de familias pobres. Lo peor es no actuar contra grupos y jorocones que aumentan capitales afectando el interés colectivo. La depredación ecológica debe parar ya.

Tercero: Seguridad ciudadana y tranquilidad familiar. El auge de la delincuencia y de la violencia ha cambiado las tradiciones sanas del dominicano, que sigue siendo alegre, y es capaz de sacar diversión en medio de los problemas. El estado debe garantizar un  mínimum  de seguridad,  pues de eso depende que continúe el comercio, la vida laboral, la inversión extranjera, en fin el pago de impuestos y el desarrollo. La solución a este problema implica una revisión de estructuras importantes que al parecer ya es muy complicada su corrección.

Cuarto: Estamento jurídico y el cumplimiento de la ley. A los dominicanos les afectó sobre manera la expresión de que la constitución sería un pedazo de papel cualquiera si no se cumple. Y como consecuencia de ello, no se cumplen las leyes, ni la constitución,  a menos que sea para que los hijos de machepa paguen los platos rotos de algún engreído social. La tarea principal es el Código Penal dominicano, que después de 15 años de ardua  discusión  debe ser aprobado aunque ello implique la creación de una ley especial sobre el aborto. La sociedad y el gobierno necesitan un código actual que rija las soluciones legales de los conflictos propios de la vida en sociedad.

Quinto: Funcionamiento de vida municipal. El  dinero de los ayuntamientos es para recoger basura, construir obras, procurar el ornato, iluminación de calles, ordenamiento de transito, bacheo de calles, organización de los mercados, generar seguridad, entre otros. La ley establece que debe destinarse 10% del presupuesto nacional. Los expertos que elaboraron el Presupuesto Nacional bajaron al 3%, con lo que alejaran posibilidades de desarrollo en muchas comunidades. Esa política de concentración de recursos aumenta las  razones para crear municipios allí a donde no llegan las acciones del gobierno local. Es por ello que  debe aprobarse la ley que crea el Municipio Santiago Oeste

Sexto: Aprobación de la ley de partidos políticos. ¿Cuál es el secreto de la aprobación de una ley que rija la actividad política? Durante muchos años se demanda una legislación que regule la campaña para los cargos electivos, el financiamiento, la publicidad, la garantía que debe dar el sistema de votaciones desde la Junta Central Electoral y las Juntas Municipales. Lo interesante es que esa esperada ley deben parirla los representantes de los partidos políticos precisamente. Y al parecer no hay interés de que se regule la vida partidaria en la República Dominicana.

Séptimo: Combate a la corrupción pública. Hay que mantener la  esperanza de que un día ocurrirá el milagro con este flagelo. Cada nuevo caso tapa al anterior y esa es una forma de ahondar el abismo   entre una élite  político-económica y la población que paga los impuestos. Noventa y dos  millones de dólares pagados  como  soborno a los funcionarios dominicanos para otorgar obras de forma fraudulenta a la empresa brasilera  Odebrecht. Con ese dinero pudo haberse construido   ciento treinta  clínicas  unidades de atención de Salud Pública, solo por poner un ejemplo.

Hasta cuándo la sociedad dominicana va a soportar la presión de esta forma de gobernar  y la depreciación moral y social  que esto genera!!!