El nombramiento, traslado y
ascenso de los maestros y maestras en tiempos en que la Asociación Dominicana
de Profesores ADP hacía su función gremial y sindical en el sector, las decisiones
surgían de común acuerdo con las autoridades. El comité ejecutivo municipal de
cada seccional de ADP, haciendo su labor de representación de los intereses
magisteriales, y no de elite, recogía las necesidades de sus afiliados y
afiliadas para gestionarlas ante las autoridades.
En una zona escolar, en donde
trabajaban maestros y maestras de otras localidades era frecuente la solicitud
de traslado, cuyos interesados acudían al dirigente más cercano y hasta el
secretario general del sindicato para entrar en la lista de candidatos a ser
beneficiados con la decisión. ¿Cómo se resolvía si se presentaba una
posibilidad y había varias solicitudes? Se decidía en una reunión entre las
autoridades del núcleo escolar, o el distrito educativo y los representantes de
la ADP.
La necesidad de nombrar nuevo
personal docente por creación de tarjeta o por renuncia de profesores. Y hubo
muchas renuncias y abandono de trabajo por parte de profesores durante la
crisis de la educación pública presentada en 1989, y en la que se repitió en
1991. Las vacantes se llenaban de la misma forma, es decir, la ADP tenía una
lista de aspirantes, casi todos bachilleres y las autoridades tenía su lista
que en algunos casos de personas que estaban en ambas listas.
El consenso imperante, salvo algunos
casos de contradicciones propias del quehacer político y gremial, permitía que
no fueran necesarios requisitos como la carta del partido del gobierno, estar
pegado con altos funcionarios, o tener comité de base de apoyo a ciertos
candidatos. Aun así, de vez en cuando surgían
pretensiones de imposiciones de parte de algunos funcionarios, pero la
credibilidad, y naturaleza clasista y de oposición a la politiquería de la Asociación
Dominicana de Profesores, ponía las cosas en su lugar.
El panorama político en la conducción
de las once regionales de educación de República Dominicana, en la primera mitad
de la década de los noventa era el siguiente: ocho pertenecían o respondían al
acuerdo de santo domingo que encabezaba el principal partido de oposición al gobierno
del Partido Reformista Social Cristiano. Es decir, los mandos medios de la educación
pública, estaba mayoritariamente en manos de la oposición mientras el
Secretario de Estado, como es natural, respondía al Presidente de la nación.
La situación anteriormente
descrita permitía cierto equilibrio en los procesos de la educación pública. No había suficiente inversión en educación,
pero había acceso sin color partidario al empleo de docente de una escuela. El Seguro
Médico para Maestros SEMMA tenía menos recursos económicos, pero había seguimiento
al servicio de salud que debían recibir los afiliados y sus dependientes por
medio de las asambleas de orientaciones y el trabajo de promotores y
supervisores que escuchaban a las maestras y los maestros.
En el año 1996, con el ascenso
al poder de un nuevo partido político se produjeron fuertes golpes a la unidad
de la ADP, entre ellos la centralización de las decisiones de educación pública
en las estructuras del partido oficialista. Una significativa división promovida
por la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, orientada por el PLD, que
fueron llamados a romper una lucha por reivindicaciones de los maestros. Para pasar de mal en peor, en el gobierno del
PRD, la corriente Salomé Ureña, orientada por ese partido, respondió con igual arrogancia
a favor de las medidas impopulares del presidente y sus funcionarios contra educación.
A partir de esa fecha, la
franquicia del sindicato de los maestros, está controlado por el partido de
gobierno, manteniendo el monopolio total de las decisiones en todas las estructuras
de la educación pública, con incidencia en el sector privado. Los sistemas de control
establecidas en los acuerdos y en la ley de educación en la década de los
noventa se mantienen vigentes a pesar de que no han dado resultados. Los principales
mecanismos desfasados son las pruebas nacionales y el concurso de oposición para
contratar profesores, directores, personal de psicología, entre otros.
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