Irregularidades ascienden a 228 millones de pesos
SANTO DOMINGO.- Un informe de la Cámara de Cuentas reveló que el Ayuntamiento de Santiago incumplió disposiciones legales y contables en el 2012, que deja entrever un manejo sin justificación de 228 millones de pesos.
De acuerdo con el organismo estatal, entre las inobservancias de este cabildo se encuentran incumplimiento de contratos por recolección de residuos sólidos por más de 147 millones de pesos, erogación a regidores por supervisión de obras de 3.6 millones de pesos, combustibles suministrados a recolectoras de residuos sólidos sin deducirlo de sus facturaciones por un monto de 5.6 millones de pesos y entrega de recursos a regidores sin soportes justificativos por 3.1 millones de pesos.
Otros hallazgos fueron el pago de más de 45 millones de pesos por obras realizadas sin evidencia de contratos entre las partes, erogación de 410 mil pesos a empleados con grado de consaguinidad con funcionarios municipales, 3.1 millones de pesos en pagos en obras que exceden los trabajos realizados, 5.9 de inconsistencia en la información financiera en el renglón de servicios personales, 12.7 en la distribución porcentual de los ingresos diferentes al límite establecido por Ley; así como el pago de 729 mil pesos en valores no remitidos al Fondo de Pensiones para los Trabajadores de la Construcción y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA.
En una nota de prensa la Cámara de Cuentas detalla que las inobservancias de leyes fueron por un monto de más de 228 millones de pesos, durante la gestión del alcalde Juan Gilberto Serulle Ramia.
La auditoría reveló además que a los regidores se les entregó 6.7 millones de pesos en el 2012, 3.1 millones de pesos para entrega de ayudas sin soportes justificativos y 3.6 para supervisión de obras.
Sin embargo, el cabildo informó que ese monto fue utilizado para el pago de dietas de entre 75 mil y 120 mil pesos a los concejales, dice la nota.
La Cámara de Cuentas dijo haber comprobado que el ayuntamiento tenía empleados fijos con parentesco de primer y segundo grado con el Alcalde y un regidor, en transportación y otra oficina en violación de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios del 17 de julio del 2007.
Distribución de los ingresos diferentes al límite establecido por Ley
La Cámara de Cuentas especificó que el cabildo de Santiago "no realizó la distribución de los ingresos percibidos en el 2012 conforme a los porcentajes establecidos en la ley 176-07 del Distrito y los Municipios", al disponer un 36 por ciento para gasto de personal cuando debió ser un 25; un 56 por ciento en servicios municipales cuando debió ser un 31 y un 10 por ciento en inversión cuando debió ser 40.
Explicó que esto significó una disminución de las inversiones municipales a un 30 por ciento, equivalente a 421 millones de pesos.
Auditoría fue entregada al Pepca
La auditoría del cabildo de Santiago fue entregada a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por entender que existen indicios de responsabilidad penal.
La Cámara de Cuentas recomendó disponer la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo, tomando en consideración las observaciones y recomendaciones que se encuentran en la auditoría.
Dicho Cabildo debe remitir un informe a la Cámara de Cuentas de la República en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la fecha del recibo oficial de este material.
Objetivo de la auditoría
La ley 10-04 del 20 de enero del 2004 de la CCRD establece que la auditoría financiera se realiza con el propósito de emitir observaciones, conclusiones, opiniones, disposiciones y recomendaciones sobre la legalidad y confiabilidad de la información presentada en los estados financieros de las entidades sujetas al control de la Cámara de Cuentas.
Dichos informes son realizados de conformidad con las normas de auditoría gubernamental y las guías profesionales de la CCRD.
De acuerdo con el organismo estatal, entre las inobservancias de este cabildo se encuentran incumplimiento de contratos por recolección de residuos sólidos por más de 147 millones de pesos, erogación a regidores por supervisión de obras de 3.6 millones de pesos, combustibles suministrados a recolectoras de residuos sólidos sin deducirlo de sus facturaciones por un monto de 5.6 millones de pesos y entrega de recursos a regidores sin soportes justificativos por 3.1 millones de pesos.
Otros hallazgos fueron el pago de más de 45 millones de pesos por obras realizadas sin evidencia de contratos entre las partes, erogación de 410 mil pesos a empleados con grado de consaguinidad con funcionarios municipales, 3.1 millones de pesos en pagos en obras que exceden los trabajos realizados, 5.9 de inconsistencia en la información financiera en el renglón de servicios personales, 12.7 en la distribución porcentual de los ingresos diferentes al límite establecido por Ley; así como el pago de 729 mil pesos en valores no remitidos al Fondo de Pensiones para los Trabajadores de la Construcción y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA.
En una nota de prensa la Cámara de Cuentas detalla que las inobservancias de leyes fueron por un monto de más de 228 millones de pesos, durante la gestión del alcalde Juan Gilberto Serulle Ramia.
La auditoría reveló además que a los regidores se les entregó 6.7 millones de pesos en el 2012, 3.1 millones de pesos para entrega de ayudas sin soportes justificativos y 3.6 para supervisión de obras.
Sin embargo, el cabildo informó que ese monto fue utilizado para el pago de dietas de entre 75 mil y 120 mil pesos a los concejales, dice la nota.
La Cámara de Cuentas dijo haber comprobado que el ayuntamiento tenía empleados fijos con parentesco de primer y segundo grado con el Alcalde y un regidor, en transportación y otra oficina en violación de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios del 17 de julio del 2007.
Distribución de los ingresos diferentes al límite establecido por Ley
La Cámara de Cuentas especificó que el cabildo de Santiago "no realizó la distribución de los ingresos percibidos en el 2012 conforme a los porcentajes establecidos en la ley 176-07 del Distrito y los Municipios", al disponer un 36 por ciento para gasto de personal cuando debió ser un 25; un 56 por ciento en servicios municipales cuando debió ser un 31 y un 10 por ciento en inversión cuando debió ser 40.
Explicó que esto significó una disminución de las inversiones municipales a un 30 por ciento, equivalente a 421 millones de pesos.
Auditoría fue entregada al Pepca
La auditoría del cabildo de Santiago fue entregada a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por entender que existen indicios de responsabilidad penal.
La Cámara de Cuentas recomendó disponer la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo, tomando en consideración las observaciones y recomendaciones que se encuentran en la auditoría.
Dicho Cabildo debe remitir un informe a la Cámara de Cuentas de la República en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la fecha del recibo oficial de este material.
Objetivo de la auditoría
La ley 10-04 del 20 de enero del 2004 de la CCRD establece que la auditoría financiera se realiza con el propósito de emitir observaciones, conclusiones, opiniones, disposiciones y recomendaciones sobre la legalidad y confiabilidad de la información presentada en los estados financieros de las entidades sujetas al control de la Cámara de Cuentas.
Dichos informes son realizados de conformidad con las normas de auditoría gubernamental y las guías profesionales de la CCRD.
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