El movimiento cívico Participación Ciudadana reiteró ayer su preocupación por la participación del Presidente de la República en actividades de campaña electoral, “no solo por descuido de las funciones que son propias de su cargo, sino por el uso de los recursos del Estado que acompaña esa participación”. La entidad considera que la actitud del doctor Leonel Fernández contraviene la equidad que se supone garantizan la Constitución y las leyes del país y los principios del sistema democrático.
El movimiento cívico Participación Ciudadana manifestó ayer su preocupación por la participación del Presidente de la República en actividades de campaña electoral, “no solo por descuido de las funciones que son propias de su cargo, sino por el uso de los recursos del Estado que acompaña esa participación”.
La entidad considera que la actitud del presidente Leonel Fernández contraviene la equidad que se supone garantizan la Constitución y las leyes del país y los principios del sistema democrático.
“Hay un derroche de gastos, beneficios y provechos que van en desmedro de los demás candidatos”, dijo Santiago Sosa, coordinador general de Participación Ciudadana.
Mala señal. Al presentar el segundo informe sobre Observación Electoral, Sosa denunció que durante la campaña electoral persiste la práctica negativa de uso y abuso de los recursos del Estado por parte de las autoridades del Gobierno central y de los ayuntamientos.
Sosa indicó que en un análisis de la campaña realizado desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril, se constató que en distintos puntos del país se han presentado denuncias públicas de que programas sociales del Estado como el de los Comedores Económicos, el Plan Social de la Presidencia y la Tarjeta Solidaridad, entre otros, son utilizados para favorecer a los candidatos del partido oficial, “lo que constituye una clara violación a la Ley Electoral y genera una profunda inequidad en la competencia”.
A esto se añade, dijo, la ausencia de rendición de cuentas por parte de los partidos, respecto a los recursos públicos y privados que se reciben para financiar de sus campañas. Otro aspecto negativo de la campaña, sostuvo, es la inequidad del Fondo de Asistencia Social (Barrilito), que desde septiembre de 2006 ha otorgado RD$685 millones 635 mil a 27 senadores que se repostulan.
Poca transparencia
Participación Ciudadana afirmó que la Ley Electoral exige que todos los partidos políticos presenten a la JCE una relación pormenorizada de sus ingresos y gastos, aunque muy pocos lo hacen.
Fuentes ilícitas
El cuanto al financiamiento privado, se queja de que los partidos actúan con libertad, lo que incrementa el riesgo de que la campaña se financie con dinero ilícito.
Las licencias
PC denunció que del total de funcionarios que les corresponde pedir licencia, hasta la fecha apenas el 20% la han hecho efectiva.
Hechos positivos
Participación Ciudadana reconoce la labor realizada por la Junta Central Electoral (JCE) en la organización de las elecciones y en el cumplimento del Calendario Electoral en sus distintos componentes, como la integración y capacitación de los miembros de los colegios electorales, la impresión del padrón electoral, la instalación del sistema de cómputo y de otros aspectos referidos a la logística electoral.
En otro orden, y a pesar de que el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario, indicó que existe cierto retraso en la impresión de las boletas a causa de las impugnaciones y amparos a las candidaturas inicialmente presentadas por los partidos, Participación Ciudadana entiende que las boletas podrán estar impresas y distribuidas en los plazos establecidos por el organismo electoral.
Otro aspecto señalado como positivo es el trabajo realizado por la Cámara Contenciosa de la JCE, que ha acogido instancias de amparo e impugnaciones incoadas por militantes partidistas. “Esto constituye un importante precedente para el fortalecimiento de la jurisdicción contencioso-electoral que estará a cargo del Tribunal Superior Electoral que próximamente deberá ser integrado”.
Otro cambio importante consignado en el informe es que, aunque no se ha entrado en el tramo final de la campaña, hasta el momento no se ha dado ningún caso importante de violencia electoral.
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