Los resultados positivos de las tres casas comunitarias de justicia en el país han motivado a que sus promotores contemplen instalar dos nuevos centros en Santiago.
El primero será levantado próximamente en el barrio La Joya y el otro en el municipio de Tamboril. El anuncio fue hecho durante la celebración de la primera Cumbre Regional de Justicia y Municipalidad.
En la actividad promovida por Participación Ciudadana y celebrada en el Arzobispado de Santiago, representantes del Ministerio Público y religiosos establecen que existe una dualidad entre pobreza y dificultades para acceder al sistema judicial.
La primera casa de justicia comenzó a funcionar en 2006 en el sector Cienfuegos y desde entonces ha atendido a 30,720 usuarios, una gran parte por rencillas por asuntos de deudas, de tierra y repartición de bienes, así como de agresiones por violencia de género. Posteriormente, inauguraron otras dos, una en La Vega y Santo Domingo.
De esas denuncias, 16,066 fueron interpuestas por mujeres y 14,654 por hombres, además capacitaron 831 ciudadanos en la resolución de conflictos. José Ceballos, coordinador del proyecto Casa Comunitaria de Justicia, reveló los resultados del mapa de pobreza, que establece que tan solo Santiago tiene 186, 965 pobres, de los que 95,169 son mujeres y 91,796 hombres.
Refiere que además cuenta con 5,545 santiaguenses sin acta de nacimiento. Los hogares en condición de pobreza extrema y moderada son 48,364.
La sociedad civil
El sacerdote William Arias, canciller del Arzobispado de Santiago, quien habló en nombre del arzobispo Ramón Benito de la Rosa y Carpio, advirtió que no se puede construir sociedades y un mundo de paz sin justicia. El religioso entiende que deben continuar los esfuerzos institucionales que permitan brindar a los más pobres un servicio decente. El cura Arias dijo que este tipo de actividades revisten importancia. ante los abusos que muchas veces se cometen contra las personas de escasos recursos y que pueden provenir de los poderes.
Considera que ante los abusos de los poderes, la justicia se hace necesaria.
De su lado, la fiscal Yeni Berenice Reynoso cuestionó las dificultades que tienen muchos ciudadanos para acceder al sistema judicial y lo costoso que resulta para el Estado el conocer un proceso.
La representante del Ministerio Público en Santiago dijo que tan solo en la primera fase de una audiencia, el costo es de 26,800 pesos.
Al valorar la importancia de las Casas Comunitarias de Justicia, puso como ejemplo Cienfuegos, donde se redujeron los casos de feminicidios.
Para José Ceballos, que trabaja en el proyecto, estas unidades se crean atendiendo a necesidades y demandas de los usuarios. Estos centros ofrecen servicios que incluyen orientación, acompañamiento ante procesos legales y cualquier otro tipo de requerimiento de parte de la comunidad.
En el encuentro estuvieron representantes de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuraduría General de la República, así como de universidades, de la Junta Central Electoral, de la Defensoría Pública y del Instituto Dominicano de Protección al Consumidor y la alcaldía municipal de Santiago.
Alcaldías colaboran para preservar el proyecto
Debido a las implicaciones económicas que conlleva el mantenimiento de los servicios de las casas de justicia, la alcaldía de Santiago y Tamboril se han sumado al programa de colaboración.
El ayuntamiento de Santiago inició los trabajos de reparación y mantenimiento del lugar.
El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, expresó que este tipo de acuerdos permite que un número mayor de ciudadanos pueda acceder a la justicia.
Los beneficios de las unidades de justicia
1. Yeni Berenice Reynoso, la fiscal de Santiago, reveló que con la casa de justicia de Cienfuegos han logrado reducir los feminicidios.
2. José Ceballos, de la casa de justicia, explicó que esas unidades incluyen orientación a miles de usuarios en procesos legales.
3. William Arias, sacerdote, exclamó que no se puede cronstruir sociedades de paz sin justicia para prevenir los abusos de poder.
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