Por José Jáquez
Pertenecer a algo, ser parte de algo es la cuestión que
da sentido a la vida en sociedad. La persona que trabaja, descansa, y vuelve a
labores esperando el día libre para dedicarse a dormir y entretenerse en consumos
inducidos por el bombardeo de la propaganda es lo que mejor define un
habitante.
La ciudadanía es una condición o estatus que se logra
por la vía de la participación en actividades que buscan hacer valer los derechos
individuales y colectivos. La preocupación por preservar el medio ambiente o
por reponer su destrucción. Demandar eficiencia en los servicios públicos, así
como hacer valer la democracia son aspectos que forman parte de la agenda de ciudadanía.
La Repūblica Dominicana registra un alto nivel de participación
en organizaciones sectoriales y territoriales. Sindicatos, asociaciones,
clubes, juntas de vecinos, cooperativas. Y la unión de organizaciones conforman
federaciones, de las cuales, las más fuertes y criticadas son las del sector
transporte.
El año 2017 inauguro una nueva etapa de la vida
organizacional de la nación. El 22 de enero de ese año un grupo había convocado
a una caminata de rechazo a la corrupción pública. Para sorpresa de muchas
personas, incluyendo sus organizadores, la manifestación desbordo las expectativas.
Así nació el Movimiento Marcha Verde, o colectivo marcha verde.
Ese movimiento, Marcha verde, es la mejor expresión de
las últimas décadas porque ha dado en la diana con las aspiraciones del pueblo
desde la fundación de la república en 1844. La corrupción y la impunidad
inauguro el primer gobierno constitucional instaurado el 6 de noviembre. Los resultados
ya son visibles. Las grandes marchas verdes obligan al elaborar el expediente
ODEBRESCH.
Otro tema que afecta a toda la población dominicana es el alto nivel de los precios de los
combustibles. Los grupos con mayor posibilidad de acción contra el costo del
diferencial por galón son los sindicatos y asociaciones del transporte. El control
sobre los conductores que llevan pasajeros y carga permiten un poder de manifestación. La limitación es el
orden público que todo ciudadano debe observar y las autoridades garantizar.
Los líderes del transporte, debido a los poderes de acción
y negociación, además de capital, han recibido el mote de los dueños del país,
los empresarios del transporte, entre otros. Sin embargo, esos grupos son
capaces de presionar al gobierno y hacer variar decisiones de orden económico. La
presión a favor de sus asociados es la principal función de las organizaciones
de cualquier índole.
Las críticas de habitantes y ciudadanos sobre
actuaciones de los grupos organizados del transporte, en el sentido de que solo
buscan beneficios económicos, aunque ciertas, no tienen razón porque los
sindicatos deben hacer. Los sectores nacionales son afectados doblemente: de un
lado el abuso del gobierno que impone precios exagerados de los combustibles y
por otro lado la lucha contra esos precios que sólo realizan los
transportistas.
La solución a la situación de los altísimos precios de los carburantes sería que
la población organizada se una a la
lucha por precios justos. Las organizaciones ajenas al transporte deben lograr
que los líderes del transporte incluyan los intereses de las comunidades a su
lucha. En consonancia con la comprensión de los empresarios del transporte, las
comunidades se pudieran sumar a la lucha por precios justo de los derivados del
petróleo.
Las personas que no se organizan, es decir, no
pertenecen a ninguna organización porque no le gustan las reuniones tendrán que
aceptar la dura realidad. Ese habitante que trabaja para asegurar su comida, su
cerveza y su jugadita, un día de éstos no tendrá ni eso, porque el gobierno y
los grupos que se reparten los beneficios del poder eliminaran toda posibilidad
de supervivencia. La única posibilidad es organizarse.
