PC alerta país por interés presidente JCE controlar observación electoral

(+) Click para ampliar   Grabar artículo Imprimir artículo Escribir comentario Enviar a un amigo    10:2 El movimiento Participación Ciudadana expresó este jueves su consternación y alerta al país por el nivel de intolerancia y de interés del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), de por controlar la observación electoral que se haga desde las organizaciones de la sociedad civil, y dice que tienen fundamentos las acusaciones del miembro del tribunal de comicios, José Ángel Aquino.La entidad igualmente, reitera su intención de observar las elecciones presidenciales del 2012 en forma independiente, como dice lo ha hecho desde 1996. Participación Ciudadana dio a conocer un comunicado público, que se produce a propósito de unas declaraciones del miembro de la JCE, José Ángel Aquino, cuestionando sus independencia, para observar los comicios de mayo del 2012. Aquino dijo que Participación Ciudadana se ha descalificado como ente independiente para observar las elecciones del país. Sin embargo, la entidad no partidista recuerda que el 2 de noviembre pasado emitió un Primer Informe de Observación Electoral 2012 destacando los elementos críticos que hasta el momento ha encontrado del proceso, pero señalando por igual los avances verificados por la JCE para organizar los comicios de mayo del 2012. Expresa su preocupación por la actitud del presidente de la JCE, Roberto Rosario, a tomar iniciativas importantes sin previamente presentarlas a la aprobación del pleno de un organismo que por naturaleza y ley es colegiado. A su juicio, en el seno del tribunal de comicios se han presentado tres elementos que denotan una debilidad institucional, citando entre ellos, la presentación a los partidos políticos de un proyecto para crear una gerencia informática sin previamente entregarlo, discutirlo y aprobarlo en el Pleno.

PARTICIPACION CIUDADANA Y ALIADOS HARAN DOS NUEVAS CASAS COMUNITARIAS DE JUSTICIA

Los resultados positivos de las tres casas comunitarias de justicia en el país han motivado a que sus promotores contemplen instalar dos nuevos centros en Santiago.

El primero será levantado próximamente en el barrio La Joya y el otro en el municipio de Tamboril. El anuncio fue hecho durante la celebración de la primera Cumbre Regional de Justicia y Municipalidad.

En la actividad promovida por Participación Ciudadana y celebrada en el Arzobispado de Santiago, representantes del Ministerio Público y religiosos establecen que existe una dualidad entre pobreza y dificultades para acceder al sistema judicial.

La primera casa de justicia comenzó a funcionar en 2006 en el sector Cienfuegos y desde entonces ha atendido a 30,720 usuarios, una gran parte por rencillas por asuntos de deudas, de tierra y repartición de bienes, así como de agresiones por violencia de género. Posteriormente, inauguraron otras dos, una en La Vega y Santo Domingo.

De esas denuncias, 16,066 fueron interpuestas por mujeres y 14,654 por hombres, además capacitaron 831 ciudadanos en la resolución de conflictos.

José Ceballos, coordinador del proyecto Casa Comunitaria de Justicia, reveló los resultados del mapa de pobreza, que establece que tan solo Santiago tiene 186, 965 pobres, de los que 95,169 son mujeres y 91,796 hombres.

Refiere que además cuenta con 5,545 santiaguenses sin acta de nacimiento. Los hogares en condición de pobreza extrema y moderada son 48,364.
La sociedad civil

El sacerdote William Arias, canciller del Arzobispado de Santiago, quien habló en nombre del arzobispo Ramón Benito de la Rosa y Carpio, advirtió que no se puede construir sociedades y un mundo de paz sin justicia. El religioso entiende que deben continuar los esfuerzos institucionales que permitan brindar a los más pobres un servicio decente.

El cura Arias dijo que este tipo de actividades revisten importancia. ante los abusos que muchas veces se cometen contra las personas de escasos recursos y que pueden provenir de los poderes.

Considera que ante los abusos de los poderes, la justicia se hace necesaria.
De su lado, la fiscal Yeni Berenice Reynoso cuestionó las dificultades que tienen muchos ciudadanos para acceder al sistema judicial y lo costoso que resulta para el Estado el conocer un proceso.

La representante del Ministerio Público en Santiago dijo que tan solo en la primera fase de una audiencia, el costo es de 26,800 pesos.

Al valorar la importancia de las Casas Comunitarias de Justicia, puso como ejemplo Cienfuegos, donde se redujeron los casos de feminicidios.

“Las casas de justicia han venido a brindar un servicio a miles de ciudadanos que muchas veces desconocen hasta qué hacer para acceder a ella”, dijo la representante del Ministerio Público.

Para José Ceballos, que trabaja en el proyecto, estas unidades se crean atendiendo a necesidades y demandas de los usuarios. Estos centros ofrecen servicios que incluyen orientación, acompañamiento ante procesos legales y cualquier otro tipo de requerimiento de parte de la comunidad.

En el encuentro estuvieron representantes de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuraduría General de la República, así como de universidades, de la Junta Central Electoral, de la Defensoría Pública y del Instituto Dominicano de Protección al Consumidor y la alcaldía municipal de Santiago.
Alcaldías colaboran para preservar el proyecto
Debido a las implicaciones económicas que conlleva el mantenimiento de los servicios de las casas de justicia, la alcaldía de Santiago y Tamboril se han sumado al programa de colaboración.

El ayuntamiento de Santiago  inició los trabajos de reparación y mantenimiento del lugar.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, expresó que este tipo de acuerdos permite que un número mayor de ciudadanos pueda acceder a la justicia.
Los beneficios de las unidades de justicia
1. Yeni Berenice Reynoso, la fiscal de Santiago, reveló que con la casa de justicia de Cienfuegos han logrado reducir los feminicidios.
2. José Ceballos, de la casa de justicia, explicó que esas unidades incluyen orientación a miles de usuarios en procesos legales.
3. William Arias, sacerdote, exclamó que no se puede cronstruir sociedades de paz sin justicia para prevenir los abusos de poder.

CONVOCANTES A LA HUELGA DICEN SE CUMPLE DE FORMA TOTAL

Las instituciones sociales gremiales, feministas, juveniles, del  transporte y populares de la provincia de Santiago en un recorrido por las diferentes comunidades y calles de  la Ciudad de Santiago, concluimos con la siguiente valoración:

  Que este segundo paro nacional por 24 horas  ha concitado el apoyo en un por ciento elevado en el comercio, el transporte público y en el área educativa,  todo esto  aunque el gobierno ha militarizado el país con el propósito de intimidar a la población , esta represión se expresa con la agresión que fue objeto la dirigente popular Georgelina Morel del  municipio de Tamboril, acción esta que condenamos y rechazamos, a pesar de esto el pueblo ha respaldado el paro, rechazando los cuantiosos recursos invertidos para mantener vehículos en las calles circulando.

Valoramos que a medida que avanza el día los pocos negocios que tienen sus puertas abiertas y semi abiertas, cerrarán por el poco flujo de clientes ya que la población está apoyando casi en su totalidad porque es quien está sufriendo en carne propia los efectos de la política económica que aplica el gobierno peledeísta.

Ratificamos el llamado a paro por 24 horas como ha sido convocado por:

1-   La rebaja de los precios de los combustibles y 0 % de impuesto al gas de cocinar.

2-   Libertad para los presos políticos de Navarrete, Braulio Vargas, Elías Gómez y José Luis Fernández.

3-   Plan serio y efectivo para frenar los feminicidios y la violencia intrafamiliar.

4-   El 4 % PIB para la educación y el 5 % del presupuesto  para la UASD.

5-   Aumento general de salarios para los empleados públicos y privados.

6-   Por un sistema de salud incluyente y la universalización de la salud para todo el pueblo.

7-   Cumplimiento con las demandas de las diferentes comunidades.

8-   Más atención al sector agropecuario para garantizar seguridad alimentaria en el país. 

Comité de las organizaciones y pueblo en lucha