Detienen a 6 en protestas por deterioro de carretera Luperón.

Choferes y residentes iniciaron protestas en reclamo de la reconstrucción y ampliación de la carretera Santiago-Luperón. Ricardo Santana Santiago Seis personas fueron detenidas ayer en medio de protestas que protagonizaron choferes y residentes de comunidades de las provincias Santiago y Puerto Plata, en medio de reclamos que han iniciado desde ayer por 48 horas grupos choferiles y organizaciones comunitarias en demanda de la reconstrucción y ampliación de la carretera turística Luperón, que une a esas dos demarcaciones norteñas. El tránsito fue detenido con neumáticos incendiados, ramas de árboles, piedras y otros desperdicios, mientras los transportistas atravesaron sus vehículos en medio de la vía. Agentes de la Policía Nacional de Santiago y Puerto Plata portando armas largas y gases lacrimógenos fueron enviados a los lugares para garantizar el orden. Los agentes policiales trataron de desbloquear la carretera retirando los escombros, pero fueron impedidos por los revoltosos. Los policías para dispersarlos lanzaron bombas lacrimógenas, y al menos seis personas fueron detenidas. Robinson García y José Nicolás Rojas, voceros de los gremios convocantes de la protesta,  explicaron que el tramo carretero se encuentra en un estado crítico, debido a que presenta hoyos, zanjas y derrumbes, poniendo en peligro a las personas que se desplazan por la vía. Asimismo, indicaron que numerosos comerciantes han quebrado, debido a que los turistas se niegan a pernoctar la zona, por el mal estado de la carretera. Promesa Subrayaron que el Gobierno anunció recientemente la reconstrucción y ampliación a cuatro carriles de la carretera Puerto Plata-Navarrete-Santiago, pero que al parecer ha olvidado la importancia que reviste la turística Luperón. En ese orden, saludaron la obra, pero estiman que también hay que tomar en cuenta a las comunidades de Santiago y Puerto Plata ubicadas en la montaña. Los gremialistas observaron que por la importancia turística, social, económica y cultural de las provincias Santiago y Puerto Plata,  obligatoriamente tienen que estar bien comunicadas. Además, sostienen que muchas localidades pertenecientes a las dos provincias ubicadas en el área de influencia de la carretera turística, se encuentran casi incomunicadas, por el deterioro del tramo. El paro afectó al menos tres distritos municipales, 23 secciones y 63 parajes ubicados en ambos lados territoriales de las dos provincias cibaeñas. Las protestas además provocaron taponamiento vehicular en la carretera que une a la Costa Norte, que comienza desde Nagua, hasta Puerto Plata, pero se sintió más en Montellano, Sosúa, parte de Puerto Plata y otras localidades circundantes.

Santiago Oeste representa 500 millones de pesos más Santiago

Hipólito Martínez

Hipólito Martínez 

Este 2 de agosto, Cienfuegos cumple 38 años de fundado y Santiago de los Caballeros, tenía un perímetro urbano de 34 Km cuadrados cuando Cienfuegos se fundó, hoy día el municipio de Santiago de los Caballeros tiene un perímetro urbano de 94 Kms cuadrados; esto es, 60 Kms cuadrados más de población urbana, que los que tenía en 1975.

Estos territorios tenían una economía agrícola y hoy presentan una base económica industrial y de servicios.

Cabe destacar que estos territorios estaban despoblados y hoy presentan una densidad poblacional de 9 mil personas por Km cuadrado; esto significa, que en el espacio en el que en Santiago de los Caballeros vive una familia, en Santiago Oeste viven 9 familias.

La oficina nacional de estadísticas, (ONE), creo aquí en Santiago Oeste 4 municipios censales: El del Ingenio, El del Ensanche Espaillat y Rafey, El de Monte Rico y El de Cien Fuegos para el último censo de población y viviendas del año 2010 .

Es bueno informarles que estas comunidades han padecido desde su origen el olvido y la exclusión en lo relativo a los principales servicios que debe garantizar un ayuntamiento a su comunidad,  en consecuencia Santiago Oeste quiere ejercer con eficiencia sus derechos municipales, entiéndase:

Ordenamiento territorial, Planeamiento urbano, Limpieza y ornato, Espacio público decente, Drenaje pluvial,  Tratamiento adecuado de la basura, Protección a la propiedad pública y privada, Organización vial, Presupuesto participativo, Saneamiento de cañadas, Tratamiento de aguas residuales, Regulación del tránsito , Aceras y contenes, Bacheo de calles, Seguridad ciudadana.

Aspectos que solo se resuelven con la aprobación del proyecto de ley que crea el Municipio Santiago Oeste.

Los periódicos de la semana pasada dieron cuenta de que los regidores del ayuntamiento de Santiago de los caballeros declararon el municipio actual en estado de emergencia debido al humo del vertedero, a la basura que nos arropa y a la pésima gestión actual; parecería que ya el ayuntamiento de Santiago  no tiene la capacidad para asegurarle ni siquiera el servicio de limpieza a todos los santiagueros. 

Santiago Oeste ya es un pueblo con 233 mil personas, 46 mil familias, 40 mil estudiantes, 21 mil profesionales, 3 mil empresas, 70 centros educativos, 5 rutas de transporte público, 85 mil inscritos en el padrón electoral, 55 mil trabajadores/As, 25 organizaciones sin fines de lucro, 8 parroquias católicas, 104 iglesias cristianas evangélicas, y de otras denominaciones, 66 comunidades en un mismo territorio continuo con identidad cultural y socio económica, siendo parte clave del aporte de Santiago al fisco nacional, con el pago de los impuestos y en demanda de bienes y servicios.

Estos elementos constituyen un aval más que suficiente  para que los honorables miembros del congreso aprueben a unanimidad la ley que crea el Municipio Santiago Oeste.

En el año 1996, la provincia Santiago, tenia 6 municipios y 2 distritos municipales y esos 8 ayuntamientos manejaban un presupuesto inferior  a los 500 millones de pesos cada año; hoy en el año 2013, 17 años después la provincia Santiago tiene 25 ayuntamientos, entiéndase, 16 distritos municipales y 9 municipios; Osea, que tan solo en 17 años se han creado 18 ayuntamientos mas. En resumen a esta provincia llegaban cada año mediante los ayuntamientos 500 millones de pesos y ahora en el año 2013 los 25 ayuntamientos juntos manejan cada año 2,300 millones de pesos y con Santiago Oeste operando a partir del año 2016 llegaran 500 millones de pesos más, cada año a esta provincia para dinamizar la economía de nuestras comunidades.

Santiago Oeste, el segundo municipio urbano de Santiago, representa la gran oportunidad de darle un nuevo impulso económico a la provincia Santiago y un instrumento institucional para la promoción del cambio y del desarrollo sostenible.

Por todo lo anteriormente expresado y por lo que se expresara según lo demanden las circunstancias, es que más de 500 organizaciones comunitarias, empresariales, religiosas, educativas, gremiales, laborales, estudiantiles, profesionales, políticas, obreras, deportivas, y de seguridad han realizado un acuerdo institucional que expresa la unidad y del esfuerzo hacia el desarrollo humano e integral de nuestras familias.

Ojalá que algún alcalde socialista pueda entender que los recursos de la población de Santiago deben llegar a todos los Santiagueros.

Ojalá que los que dicen ser demócratas en este país comiencen a creer en las instituciones más democráticas que son los ayuntamientos.

Ojalá que Dios ilumine a los sectores que se oponen a esté proyecto para que entiendan que nos conviene a todos la descentralización de Santiago. 

Ojalá los sectores poderosos le permitan a nuestro congreso proceder según la constitución y las leyes.

Que Dios siga iluminando al pueblo de Santiago Oeste en este proceso democrático ejemplar  que está llevando a cabo.

Veeduría: Esencia y fundamentos

22 DE JULIO DEL 2013

Carlos E. Pimentel Florenzán

VERACENTO SOCIAL

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SABER MÁSACERCA DEL AUTOR

CARLOS E. PIMENTEL FLORENZÁN

Abogado

Carlos.pimentelf@gmail.com

Sobre mí

Tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, es un estudioso del Derecho Administrativo. Se desempeña en labores de asesorías y consultorías en diversas instituciones en la  implementación de políticas de transparencia y gestión de calidad.

“La Veeduría pública se constituye en un mecanismo de control social, de expresión y representación colectiva, legitimada por la sociedad civil como instancia de la delegación comunitaria”

La Veeduría Ciudadana es una forma de participación ciudadana, que consiste en la realización de ejercicios ordenados, metódicos, planeados, para observar, dar seguimiento, producir sugerencias y realizar propuestas entorno al uso de los recursos públicos, examinando los resultados de la gestión, su apego al marco legal y el cumplimiento de metas y planes estratégicos, entre otras.

Además es el derecho y el deber que tienen los ciudadanos/as, garantizados por la Constitución Política y diferentes leyes del país, de ejercer el seguimiento, monitoreo y control de la  administración pública, para prevenir y combatir la corrupción, asegurar la transparencia y proteger el bien común.

En ese sentido la Veeduría Ciudadana es un derecho inherente de toda persona física o jurídica, que no se ejerce por designación, nombramiento o cooptación; la misma debe ser un mecanismo que surja de las entrañas organizativas de la población, sin mediación, de manera que su rol de peso y contra peso de los poderes, no debilite su utilidad como instrumento de monitoreo ciudadano, para controlar la administración y gestión de lo público o del sector privado cuando este maneja recursos públicos o desarrollan actividades de interés colectivo.

En esa dirección es recomendable que el proceso de constitución de una Comisión de Control Social o Veeduría Ciudadana, surja de un proceso en Asamblea Ciudadana integrada por una representación comunitaria, para evitar la selección, cooptación o designación de la misma, por el mismo órgano al cual se va a auditar o controlar. De manera que se pueda reducir el riesgo de conflictos de intereses y que una instancia independiente y autónoma pueda ser desvirtuada por el Poder Constituido (Gobierno) y pierda la esencia fundamental del Poder Constituyente (Ciudadanos).

La Veeduría puede ser ejercida por organizaciones, individuos o grupos, quienes asumiendo sus derechos constitucionales, pueden desarrollar actividades específicas de vigilancia y control social de manera cívica, voluntaria, comprometida y siempre las mismas serán independientes, tanto de las instituciones públicas, como de las influencias políticas partidarias o intereses particulares. Su único referente es la expresión de los intereses de la comunidad de donde emana la autoridad, la representación y la legitimidad.

Es necesario señalar que dentro de las atribuciones de la ciudadanía en los ejercicios de la Veeduría está el velar por el cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, equidad, seriedad, calidad en la gestión y la administración de lo público, a fin de evitar que se cometan actos de corrupción.

La legitimidad de una Comisión de Control Social o de Veeduría Ciudadana procede de sus actores, como del proceso de su conformación y selección, de su representación como espacio democrático de participación de las organizaciones, cuyos actores deben garantizar la idoneidad, honestidad y vinculación a las identidades representadas, como de asumir de forma consciente las debidas responsabilidades de las tareas encomendada.

La Constitución dominicana indica que: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establece la Constitución y las leyes”. De este principio se desprende el derecho a la información, el cual comprende el ejercicio de buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía.

En la sociedad dominicana de acuerdo a lo establecido en la Constitución en el artículo 246 “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos público se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes”

La Ley 10-04 de Cámara de Cuentas establece claramente que el Control Social se ejerce a través de sus entes auténticamente conformados y con representación legítima y tienen el derecho y la obligación de contribuir con los organismos de control externo e interno y con los especializados en la prevención e investigación de la corrupción, para que los recursos públicos sean utilizados dentro del marco de la ley, con transparencia, eficiencia, eficacia y economía. Para tal efecto, los organismos públicos deberán facilitarle la información pertinente, la asesoría y mecanismos de coordinación, dentro del marco de su competencia.

El Sistema de Control y Auditoría está integrado por el Control Interno, el Control Externo, el Control Legislativo y el Control Social. Para  el  cabal   funcionamiento del sistema, todas las entidades, organismos, funcionarios, empleados públicos y demás personas públicas y privadas que dispongan o manejen recursos públicos, se encuentran bajo la supervisión y control, debiendo rendir cuentas de la disposición y  empleo de los fondos públicos tanto durante como con posterioridad a su gestión.

Ante las designaciones de Comisiones de Veeduría, realizadas por el Poder Ejecutivo, algunos nos preguntamos: ¿Estamos frente a un esquema, una concepción o acción instrumental del gobierno? ¿Los comisionados han hecho un cálculo de las  consecuencias? ¿De dónde emana su representatividad y fuente de autoridad? ¿Cuál será el mecanismo y las entidades para la rendición de cuenta? O es que ¿Estamos frente a una legitimación mediática?