Mantienen en prisión a Díaz Rúa y a Rondón; varían medidas a siete implicados en caso Odebrecht

---

Vista del empresario Angel Rondón durante la audiencia de este sábado 8 de julio de 2017. (Diario Libre/ Danelis Sena)

20170708 https://www.diariolibre.com

1008

97

SANTO DOMINGO. La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó la prisión preventiva por un año en contra Ángel Rondón, y de nueve meses para Víctor Díaz Rúa, y varió las medidas cautelares a siete de los 10 implicados en el expediente de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht que apelaron la medida de coerción impuesta por el juez Francisco Ortega el pasado 7 de junio.
El tribunal también ratificó la fianza, presentación periódica e impedimento de salida contra el legislador Alfredo Pacheco.
El fallo declaró bueno y válido en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos por Angel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Alfredo Pacheco, y en cuanto al fondo rechazó por mayoría de votos los referidos recursos. En consecuencia, confirma en cuanto a estos imputados las medidas de coerción impuestas las cuales son revisables cada tres meses.
Asimismo, el tribunal declaró buenos y válidos los recursos de apelación de Temístocles Montás, Radhamés Segura, Andrés Bautista, Ruddy González, Conrado Pitaluga, Máximo D´Oleo y César Sánchez en cuanto a la forma y en cuanto al fondo acogió parcialmente los referidos recursos.
En consecuencia, el tribunal dispuso arresto domiciliario por nueve meses en contra de Conrado Pitaluga, en sustitución de la prisión preventiva que había dictado el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, por el mismo periodo.
En cuanto a Radhamés Segura, Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González el fallo dispone el pago de una fianza de 15 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida y la presentación periódica el primer lunes de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) por espacio de nueve meses.
César Sánchez fue favorecido con el pago de una fianza ascendente a RD$10 millones, impedimento de salida del país y la presentación periódica el primer lunes de cada mes ante el PEPCA por nueve meses.
A Máximo D´Oleo le fue impuesto el pago de una fianza de RD$5 millones, impedimento de salida del país y la presentación periódica el primer lunes de cada mes ante el PEPCA por nueve meses.
El fallo establece que la decisión contiene los votos disidentes de los magistrados Esther Casasnova e Hiroito Reyes de forma parcial y de la magistrada Miriam Germán Brito de forma íntegra.
Asimismo, la sentencia exime a los recurrentes del pago de las costas del proceso por tratarse de una decisión sobre medida de coerción.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia fijó la lectura íntegra de la decisión para el miércoles 19 de julio, a las 9:00 de la mañana

Ventura Camejo pide declarar en estado de emergencia Hospital Infantil Arturo Grullón

SANTIAGO.- El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, consideró que el Hospital Materno Infantil Doctor Artuto Grullón, debe ser declarado en estado de emergencia, hasta que se concluya la remodelación del área de Cirugía, se dote al centro de los cinco ventiladores que se requiere y de un tomógrafo que le hace falta desde hace seis años.
El funcionario argumentó que el Hospital Doctor Arturo Grullón, que atiende anualmente un promedio de 108 mil niños de la región del Cibao, está forzosamente limitado en sus servicios, por el proceso de remodelación de su estructura.
Ventura Camejo señaló que el hecho de que, pese a la importancia del Hospital Infantil de Santiago de los Caballeros, que brinda servicio a los infantes de las 14 provincias circundantes de la región, su reconstrucción no está priorizada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
El principal ejecutivo del MAP formuló sus declaraciones durante una visita de seguimiento realizada el lunes a los trabajos del plan de mejora, tanto en el Hospital Doctor Arturo Grullón, como al Regional Universitario José María Cabral y Báez, según lo informado por el periodista Luís Céspedes Peña.
Ventura Camejo significó que la situación del Hospital Doctor Arturo Grullón no puede continuar y por tanto el Gobierno, a través de Salud Pública, debe priorizar todo el proceso que conlleva a dotar a ese centro de un tomógrafo, el cual constituye una gran limitante para garantizar la salud de los niños pendientes de cirugías por traumas o por infecciones respiratorias agudas.
Dijo que en el centro de salud infantil no existen actualmente los elementos para poder emprender el proceso de terapias adecuadas en favor de los infantes.

“En definitiva, en esta reunión de evaluación del plan de mejora que promueve el MAP, nosotros apelamos a la sensibilidad de las autoridades, tanto de Salud Pública como de la ISOE, para que el Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón sea priorizado, pero que antes se declare en estado de emergencia para garantizar la salud de los niños

En el Hospital Arturo Grullón, el ministro se reunirá con su directora, doctora Rosa María Morel, y otros funcionarios. En el Cabral y Báez, el ministro, junto a un equipo de técnicos del MAP, se reunió con el director, doctor Ernesto Rodríguez. También con otras autoridades del centro asistencial, también para evaluar los trabajos de mejoras.

Urgen medidas ante oleada de haitianos ilegales

Félix Parra

SANTIAGO.-El ingreso de indocumentados haitianos a territorio dominicano, que la semana pasada se incrementó de forma considerable, es la de nunca acabar, debido a que esta práctica se hace ante la mirada de las autoridades, quienes no han querido enfrentar el problema, con el carácter que ello amerita.
  
Aunque la frontera tiene puntos desiertos, por donde los ilegales, podrían hacer su travesía, éstos lo hacen por los puntos específicos, donde hay vigilancia militar y policial, porque ellos no temen a nada, solo tienen que disponer de un "dinerito" para pagar el transporte hacia las ciudades y zonas productivas, mientras que  y otros lo hacen caminando a pie.
  
La mayor oleada se produce por la frontera Norte, de la Provincia de Dajabón, donde a pesar de la cantidad de puesto de chequeo, que hay en las tres carreteras principales que dan acceso a Santiago y desde ahí hacia otras ciudades como Santo Domingo, La Vega, San Francisco de Macorís y Puerto Plata.
 
Si bien es cierto que los militares destacados en parte de estos puntos de revisión realizan la inspección a los vehículos de transporte público, no así, lo hacen con las unidades privadas, que es a través de los cuales se produce el mayor trasiego de los haitianos y su distribución en el interior del país.
  
Incluso se han detectados casos de transporte de éstos utilizando vehículos de empresas que ofrecen servicios al Estado Dominicano, como fue el caso de un camión que transportaba 18 haitianos, cuyo conductor fue detenido el mes pasado en Manga de Guayubín.
  
La detención se produjo la tarde del día 2 de junio en los callejones de la comunidad El Pocito en medio de una intensa persecución donde logró escapar el ayudante del camión.
  
Se recuerda que luego de las fallas en el control demostrada por los miembros del Ejército de República Dominicana, se procedió a la creación del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), organismo que ahora está en cuestionamiento con esta oleada de haitianos que eran transportado en motocicletas.

SOBERANíA Y SEGURIDAD:
Lo peor de esta situación es que además de un atentado, a la soberanía nacional, estos indocumentados, han desplazados la mano de obra criolla, de los puestos de trabajos en, en la agricultura, construcción y en menos proporción en el turismo, en una franca violación al Código de Trabajo del país, que establece el empleo del 80% de mano de obra nacional y el 50% extranjeros.
  
De ahí que todos los esfuerzos y medidas que se han anunciado para su implementación en la frontera, no han dado los resultados esperados, porque cada día, crece la presencia de los habitantes del vecino país, en ciudades y comunidades rurales del país, hasta el punto que hasta pequeños poblados dominicanos han sido suplantados por los nacionales del vecino país.
  
El Estado dominicano tiene que implementar una verdadera política de control migratorio en la zona fronteriza, porque el Gobierno sabe que las autoridades destacadas en la zona, tienen responsabilidad de la avalancha de los nacionales haitianos que cada día entran al territorio dominicano.
   
Esta presencia mantiene preocupado a amplio sectores de la sociedad dominicana en el entendido de que si bien es cierto que muchos de éstos vienen a trabajar, también otros entran al país a delinquir y entonces en la mayoría de los casos cuando se cometen crímenes y robos, los autores logran salir del territorio, porque no se tienen control de ellos.
 
Pero además el Estado deja de recibir recursos, por falta de pago por concepto de impuestos, de los ilegales, mientras el país, cada año invierte parte del presupuesto en la atención que ofrece de manera gratuita en salud de los haitianos.
 
El mismo estado de ilegalidad en que viven aquí, esos trabajadores sacan el dinero que se ganan aquí, hacia su país, lo que constituye una fuga de capitales, mientras los dominicanos son masacrado con la aplicación de pagos de impuestos, parte de los cuales son destinados a la  atención de esos extranjeros.
  
Es hora de pasar de la palabra a los hechos, aplicando las sanciones de lugar a toda aquellas autoridades, que no cumplan con su papel, para el cual, fueron designado en la frontera dominico-haitiana, que el Estado tiene lo mecanismos para detectarlo.