José Jáquez
La nación dominicana ingresó
al año 2017 entre lamentos y esperanzas, ante los desafíos de los temas fundamentales pendientes de resolver. En estos puntos el estado está en la
obligación de buscar una salida en procura de evitar desencadenamientos no
deseados tanto para gobernantes como para gobernados. Se propone un menú en el
que se trabaje comprometidos con un ambiente de entendimiento, a saber:
Primero: Revisión
a la ley dominicana de los hidrocarburos. Se habla de que los precios de los
combustibles dependen del precio del petróleo en el mercado internacional, pero
la población no ve sintonía entre uno y otro. Se paga un amplio diferencial en la
compra de cada galón, en el que se siente la estafa del que determina el precio
hacia toda la población. El pueblo
dominicano sufre un gasolinazo, cada fin de semana.
Segundo: Protección
de las áreas naturales protegidas. Como parte
de la humanidad, los dominicanos tienen la gran responsabilidad de dejar una
ambiente habitable a las nuevas generaciones. El gobierno permite que grupos y
particulares con intereses económicos afecten los ríos, las playas, montañas y demás
reservas. Se habla de conuquismo como un mal, pero por lo menos esta práctica
busca subsistencia de familias pobres. Lo peor es no actuar contra grupos y
jorocones que aumentan capitales afectando el interés colectivo. La depredación
ecológica debe parar ya.
Tercero: Seguridad
ciudadana y tranquilidad familiar. El auge de la delincuencia y de la violencia
ha cambiado las tradiciones sanas del dominicano, que sigue siendo alegre, y es
capaz de sacar diversión en medio de los problemas. El estado debe garantizar
un mínimum de seguridad, pues de eso depende que continúe el comercio,
la vida laboral, la inversión extranjera, en fin el pago de impuestos y el
desarrollo. La solución a este problema implica una revisión de estructuras
importantes que al parecer ya es muy complicada su corrección.
Cuarto: Estamento
jurídico y el cumplimiento de la ley. A los dominicanos les afectó sobre manera
la expresión de que la constitución sería un pedazo de papel cualquiera si no
se cumple. Y como consecuencia de ello, no se cumplen las leyes, ni la constitución,
a menos que sea para que los hijos de machepa
paguen los platos rotos de algún engreído social. La tarea principal es el Código
Penal dominicano, que después de 15 años de ardua discusión debe ser aprobado aunque ello implique la creación
de una ley especial sobre el aborto. La sociedad y el gobierno necesitan un código
actual que rija las soluciones legales de los conflictos propios de la vida en
sociedad.
Quinto: Funcionamiento
de vida municipal. El dinero de los ayuntamientos
es para recoger basura, construir obras, procurar el ornato, iluminación de
calles, ordenamiento de transito, bacheo de calles, organización de los
mercados, generar seguridad, entre otros. La ley establece que debe destinarse
10% del presupuesto nacional. Los expertos que elaboraron el Presupuesto Nacional
bajaron al 3%, con lo que alejaran posibilidades de desarrollo en muchas comunidades.
Esa política de concentración de recursos aumenta las razones para crear municipios allí a donde no
llegan las acciones del gobierno local. Es por ello que debe aprobarse la ley que crea el Municipio Santiago
Oeste
Sexto: Aprobación
de la ley de partidos políticos. ¿Cuál es el secreto de la aprobación de una
ley que rija la actividad política? Durante muchos años se demanda una legislación
que regule la campaña para los cargos electivos, el financiamiento, la
publicidad, la garantía que debe dar el sistema de votaciones desde la Junta
Central Electoral y las Juntas Municipales. Lo interesante es que esa esperada
ley deben parirla los representantes de los partidos políticos precisamente. Y al
parecer no hay interés de que se regule la vida partidaria en la República Dominicana.
Séptimo: Combate
a la corrupción pública. Hay que mantener la
esperanza de que un día ocurrirá el milagro con este flagelo. Cada nuevo
caso tapa al anterior y esa es una forma de ahondar el abismo entre una
élite político-económica y la población que
paga los impuestos. Noventa y dos millones de dólares pagados como soborno a los funcionarios dominicanos para
otorgar obras de forma fraudulenta a la empresa brasilera Odebrecht. Con ese dinero pudo haberse
construido ciento treinta clínicas unidades de atención de Salud Pública, solo
por poner un ejemplo.
Hasta cuándo la sociedad
dominicana va a soportar la presión de esta forma de gobernar y la depreciación moral y social que esto genera!!!
