Empresa recolectora de basura busca Alcaldía pague deuda millonaria

09/01/2014 08:54 AM - Miguel Ponce

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Santiago.-A las quejas de empleados por pagos atrasados, la alcaldía de Santiago enfrenta dos demandas penales y civiles, motivadas por una deuda de 20 millones que tiene las recolectoras de basura.
En lo penal, Urbaser, S. A. por conducto de sus abogados, Víctor Turbí y Daniel Izquierdo interpuso una acusación y querella penal en contra de los empresarios Sandy Abel Firpo Fernández y Antinoe Ceverino Fernández, por estos haber hecho uso ilegal, irregular del nombre comercial de esta empresa.
En lo civil Urbaser, interpuso una demanda en validez de embargo retentivo u oposición en contra de los mismos empresarios, por estos tener otra deuda de 20 millones de pesos con la misma empresa, el cual el 19 de noviembre de 2013 quedó en estado  de fallo en  la Tercera Sala Civil y Comercial de Santiago. 
 La próxima audiencia fue fijada para el 6 de febrero de 2014.
Esta demanda busca que sea el Ayuntamiento de Santiago quien de manera directa pague esta deuda, ya que el cabildo paga aproximadamente siete millones de pesos mensuales a los empresarios por concepto de contratos.                                 En lo penal es acusada de violar la ley no. 20-00 de Propiedad Industrial, que conlleva pena hasta de dos años de prisión.
La violación consistió en los empresarios hacer uso del nombre ilegal firmando un contrato de recolección de desechos sólidos con el Ayuntamiento de Santiago y su Alcalde Gilberto Serulle Ramia por 10 años de duración y sujeto de ser renovado, sin la autorización de su propietaria Urbaser, S. A.                       La querella fue depositada por ante la Presidencia del Tribunal Penal del distrito judicial de Santiago, quien en lo inmediato apoderó el Segundo Tribunal Colegiado de Primera Instancia de esa misma jurisdicción para conocer del proceso, y este último mediante Auto declaró Admisible la Acusación fijando audiencia, el cual celebró el 24 de octubre de 2013, 5 diciembre de 2013.

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Comerciantes de Santiago cuestionan nuevos impuestos

Félix Parra 

  SANTIAGO.-E El miembro de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN) Fabio Díaz, señaló que paulatinamente el gobierno está restringiendo el poder adquisitivo de la masa pobre con los aumentos en los precios de los productos.

 El comerciante habló en estos términos al ser cuestionado sobre el aumento de los Impuestos de Transferencias Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) de un 8 a un 11% a los artículos de primera necesidad y que componen la canasta básica.

  El comerciante sostuvo que se ven obligados a aplicar dicho aumento debido a que no pueden absorberlo y que siempre que acontece esto, los más perjudicados resultan ser los menos pudientes del país.
 
El aumento de un 8 a 11% se comenzó aplicar desde el uno de enero del 2014, productos tales como el café, azúcar, chocolate, yogurt, aceite, mantequilla, entre otros, son a los que más se les ha sentido dicho incremento

Falta de recursos pone en peligro funcionamiento justicia

Al centro la magistrada Nancy Salcedo Fernández junto a los demás jueces en la audiencia solemne del Día del Poder Judicial. Foto: Carlos CHICON.

Félix Parra 

 SANTIAGO.-Autoridades judiciales de Santiago consideran que el Poder Judicial ve en peligro su funcionamiento y desarrollo por el deficiente presupuesto, lo que aleja la meta de poner en funcionamiento los tribunales creados y el mantenimiento de la estructura judicial.
  
La afirmación la hizo ayer la magistrada Nancy Salcedo Fernández, juez presidente de la Corte de Trabajo y Jueza Coordinadora de los presidentes de Cortes del Departamento de Santiago al pronunciar el discurso central con motivo del Día del Poder Judicial.
 
La magistrada explicó que además éste déficit financiero afectará el reajuste salarial tan esperado por todos los servidores judiciales y también impedirá adecuar las pensiones a los jueces jubilados o pensionados por edad o por enfermedad, las cuáles se ven afectado por los embates inflacionarios periódicos que padece la economía.

 “Cómo puede desarrollarse eficazmente el Poder Judicial al que cada año se le disminuye su partida presupuestaria conforme lo indica la ley”, expresó.
   
Salcedo Fernández manifestó que la población dominicana requiere que el Poder Judicial responda al ideal constitucional de un estado social y democrático de derecho, por tan razón esa sociedad civil considera que el incremento de la asignación presupuestaria solicitada por este estamento del Estado conllevaría a continuar la transformación institucional de ese poder.
  
 Explicó que aunque por ley le corresponde al Poder Judicial el 2:66% del presupuesto nacional nunca lo ha recibido, pues el promedio recibido en la última asignación es de 1.27%, no solo la ley se ha violado, sino también que ha vulnerado el mandato consagrado en la Constitución del 2010, en su artículo 149 que garantiza la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial.
  
En este sentido la magistrada subrayó que la alta criminalidad ha afectado profundamente al tejido social, y por esa razón, la misma debe ser enfrentada con las herramientas propias del sistema democrático, lo que solamente se logra con recursos que diseñen programas que ataquen, las raíces complejas del problema.
 
 “Y por último con una justicia capaz de investigar, perseguir, acusar y sancionar severamente a los  enemigos de la convivencia  pacífica, cimentados en el imperio de la ley de las garantías constitucionales”, precisó.
  
Indica que a la vez los responsables de administrar justicia, deben contar con las garantías y condiciones dignas de su responsabilidad.