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Café Urbano
Liga Municipal
11/01/2012 12:00 AM - Alba Nely Familia
La Liga Municipal Dominicana, organismo que tiene concentrada toda la atención de las fuerzas políticas del país por los importantes recursos que maneja y porque ha servido de instrumento para garantizar alianzas electorales, fue creada durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, a través de la Ley 49 del año 1938.
Esa legislación establecía que era un organismo destinado a cooperar al mejor y más armónico desenvolvimiento de las instituciones municipales, con sujeción a los requisitos que la ley determinara. Más tarde, el gobierno del Triunvirato aprobó la Ley 673 que otorgaba a la Liga plenos poderes para recibir, revisar y realizar modificaciones, si así lo consideraba, a los recursos destinados a los cabildos.
Mandaba a que los ayuntamientos sometieran ante ese organismo todas las ejecuciones presupuestarias para su aprobación y fiscalización. Incluso, todas las obras municipales que excedían de 500 pesos debían ser aprobadas por el organismo.
En el año 1961, la Ley 5622 concedía autonomía municipal a los ayuntamientos en lo referente a aprobación de presupuestos de ingresos y egresos, erogación, pensiones y jubilaciones, pero dejaba a la Liga la prerrogativa de recibir y distribuir los recursos de los cabildos y también la convertía en un organismo técnico asesor.
En el 2003, el expresidente Hipólito Mejía promulgó la Ley 166-03, que dispone la entrega del 10% del presupuesto nacional a los ayuntamientos, y de esos fondos se destinaría un 5% para la Liga.
Es a partir del año 2007, con la aprobación de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, que la Liga deja de ser el organismo rector de los ayuntamientos para convertirse solo en una entidad de asesoría técnica y de planificación, que ya no distribuye los recursos de los cabildos ni recibe el 5% del presupuesto municipal, para ser financiada según dispongan los alcaldes reunidos en asamblea, aunque en la práctica siguen cediendo el 5%.
Este año la LMD manejará un presupuesto de 774 millones de pesos, y los alcaldes deberán escoger un nuevo secretario general el 26 de enero. Aunque la asamblea de los ediles debe ser soberana, su elección siempre va a depender de sus jefaturas políticas, sobre todo porque se está en un año electoral.
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