Entidades de sociedad civil y academias firman convenio con Compras y Contrataciones Públicas para impulsar observatorio ciudadano.

La Fundación Solidaridad junto a otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, firmaron un convenio de colaboración con la Dirección General de compras y Contrataciones Públicas, con el propósito de fortalecer la cooperación estratégica, incrementar los niveles de transparencia y eficiencia del sistema nacional de compras y contrataciones públicas, a partir de la participación de la ciudadanía.

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Mediante el convenio Contrataciones Públicas y las organizaciones de la sociedad civil firmantes, acuerdan crear los mecanismos necesarios que permitan la promoción de la participación de la ciudadanía en los procesos de contrataciones públicas y en la supervisión de la ejecución o recepción de las obras, bienes y servicios contratados.

Convienen, además, propiciar la creación de un observatorio ciudadano de las compras y las contrataciones públicas que contribuya con la transparencia y rendición de cuentas de estos procesos, así como llevar a cabo, en distintas provincias y municipios del país, procesos de capacitación ciudadana que permitan una mayor comprensión de la importancia de las compras públicas y su relación con la calidad de vida de la gente.

Las instituciones firmantes convienen dar prioridad a la elaboración de una propuesta que defina el modelo de observatorio ciudadano que estarán llevando a cabo las organizaciones de la sociedad civil, a la formulación de un plan operativo para la puesta en marcha del Observatorio Social de las Contrataciones Públicas, la elaboración de un cronograma para los procesos de capacitación ciudadana que se estarán llevando a cabo y a la planificación de un ciclo de encuentros a nivel territorial para la promoción de iniciativas de control social en materia de contrataciones públicas.

El convenio fue firmado por Dra. Yokasta Guzmán Santos, en representación de la Dirección General de Contrataciones Públicas,  Lic. Claudio Lugo Pérez en representación de Fundación Solidaridad, Ing. Pedwar Castillo Lasose en representación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Dr. Rolando Moisés Guzmán García en representación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y Lic. Rafael Toribio en representación de Participación Ciudadana.

Son suscribientes del convenio, también, Licda. Aramis Reyes Moscoso en representación de Ciudad Alternativa, Licda. Elena Viyella de Paliza en representación de Acción Empresarial  por la Educación, Sra. Elva Mercedes Pimentel Fernández de Canalda en representación de Alianza ONG, Lic. Roque Feliz Méndez, en representación de Centro Bonó, Dra. Giselle Scanlon en representación del Instituto Nacional de la Salud, Lic. Alcibíades Moreta Pérez del Centro de Educación y  Asistencia Jurídica, Sra. Celida Berroa de las Organizaciones de Mujeres Higüeyanas, y el Lic. Antonio De León Sandoval en  representación del Colegio Dominicano de Periodista.

El acuerdo de cooperación tiene un alcance nacional y por lo tanto, abarcará las distintas regiones, provincias y municipios del país, en los que Contrataciones Públicas y las OSC desarrollarán sus acciones.

Planta desechos hospitalarios genera protestas Villa González

Parte de las personas que asistieron a la actividad.

Redacción 

 VILLA GONZALEZ.-Miembros de organizaciones sociales, ecologistas y religiosas de Villa González realizaron ayer una protesta frente al cabildo de este municipio en rechazo a la instalación de una planta de tratamiento de desechos hospitalarios aquí por considerar que el proyecto representa un riesgo para la salud y el medio ambiente.
   
Con pancartas y consignas, los manifestantes indicaron que el proyecto no fue consensuado con las organizaciones comunitarias y otras entidades representativas de este municipio de la provincia de Santiago.
   
"Aquí nadie permitirá que traigan esos desechos de hospitales de otros pueblos porque Villa González no es un vertedero como pretenden convertirlo", expreso Nicolás Santana, vocero de los manifestantes.
   
Entretanto que los ambientalistas Andrés Julio Pichardo y Franklin Toribio del Grupo Ecológico Las Lagunas llamaron a la población a intensificar las protestas contra el pretendido proyecto.
   
Julio Pichardo precisó que recientemente los regidores de Villa González autorizaron el uso de suelo para la instalación de la planta en el paraje La Breña de la sección Palmar Abajo de este municipio.
   
De su parte el padre William Almonte, cura párroco de Villa González, también rechazo el proyecto manifestando que se trata de una planta de tratamiento de "residuos biomédicos, sanitarios e industriales, incluyendo residuos especiales, patológicos, infecciosos de animales, de laboratorios químicos, y farmacológicos.
   
"El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Villa González aprobó la instalación de la planta de desechos hospitalarios sin consultar a la ciudadanía y sin que ésta tuviera conocimiento del estudio de impacto ambiental", expreso el religioso.
   
Dichos desechos contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el ambiente, pudiendo producir enfermedades infecciosas y de otra índole a las personas que se expongan a los mismos.

Negro Veras denuncia plan liberar acusado caso Jordi

Ramón Antonio Veras (Negro).

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Nereyda Féliz 

 SANTIAGO.-El jurista Ramón Antonio Veras (Negro) advirtió ayer que la Oficina Nacional de la Defensa Pública ha dictado una resolución que viola la Constitución de la República y que pretende dar la libertad del imputado Adriano Román acusado de intentar asesinar a su hijo Jordy Veras.
   
Veras dijo que el hecho ocurrido en la última audiencia, utilizando una táctica dilatoria, para eternizar el caso, consistió en que como de costumbre Román despidió a sus abogados defensores para anunciar que buscará otros y así provocar la suspensión del juicio.
  
 Según el denunciante, ante lo que calificó como nueva artimaña de Adriano Román y compartes, el tribunal dispuso que fuera asistido por el defensor público reasignado al imputado, el cual se negó a subir al estrado, desacatando la decisión judicial.

“Fue en ese momento cuando, pretendiendo justificar el desacato, la coordinadora de la Defensoría Pública en Santiago, Ramona Curiel, explicó al tribunal que recientemente, por medio de una Instrucción General la Defensoría Pública Nacional, hace constar que no se prestarán servicios a imputados solventes, por lo cual había primero que investigar si el acusado lo era o no”, expresó Veras.

En ese sentido, indica que esa resolución emitida por ese organismo dirigido por Laura Hernández Román, encaja a la medida con los fines del acusador de ser el autor intelectual del atentado a Jordy Veras para “eternizar” el proceso con el cambio de abogados en cada audiencia, pero que a la vez viola la actual Constitución de la República.
   
Ramón Antonio Veras entiende que la resolución de marra dictada por Hernández Román, satisface a plenitud las pretensiones de los acusados del hecho criminal contra su hijo, violando de paso el artículo 176 de la Constitución, que consagra el derecho de defensa que tiene todo imputado, que por cualquier causa no esté asistido de abogado privado.
   
Precisa que además de contradecir la Constitución, no se les puede aplicar en el caso de su hijo Jordy, ya que antes de ser emitida en octubre pasado, el tribunal le había comunicado a Adriano Román que el defensor público que le habían asignado, el mismo ahora reasignado, estaría sirviéndole hasta tanto escogiera a su defensor privado, lo que ya ocurrió anteriormente, por lo que pidió que la Justicia llene ese vacío que existe en el sistema de permitir que un imputado cambie medalaganariamente y con intenciones malsanas, para detener el caso, su defensoría lo que hace gastar más tiempo y dinero al sistema.