Al centro la magistrada Nancy Salcedo Fernández junto a los demás jueces en la audiencia solemne del Día del Poder Judicial. Foto: Carlos CHICON.
Félix Parra
SANTIAGO.-Autoridades judiciales de Santiago consideran que el Poder Judicial ve en peligro su funcionamiento y desarrollo por el deficiente presupuesto, lo que aleja la meta de poner en funcionamiento los tribunales creados y el mantenimiento de la estructura judicial.
La afirmación la hizo ayer la magistrada Nancy Salcedo Fernández, juez presidente de la Corte de Trabajo y Jueza Coordinadora de los presidentes de Cortes del Departamento de Santiago al pronunciar el discurso central con motivo del Día del Poder Judicial.
La magistrada explicó que además éste déficit financiero afectará el reajuste salarial tan esperado por todos los servidores judiciales y también impedirá adecuar las pensiones a los jueces jubilados o pensionados por edad o por enfermedad, las cuáles se ven afectado por los embates inflacionarios periódicos que padece la economía.
“Cómo puede desarrollarse eficazmente el Poder Judicial al que cada año se le disminuye su partida presupuestaria conforme lo indica la ley”, expresó.
Salcedo Fernández manifestó que la población dominicana requiere que el Poder Judicial responda al ideal constitucional de un estado social y democrático de derecho, por tan razón esa sociedad civil considera que el incremento de la asignación presupuestaria solicitada por este estamento del Estado conllevaría a continuar la transformación institucional de ese poder.
Explicó que aunque por ley le corresponde al Poder Judicial el 2:66% del presupuesto nacional nunca lo ha recibido, pues el promedio recibido en la última asignación es de 1.27%, no solo la ley se ha violado, sino también que ha vulnerado el mandato consagrado en la Constitución del 2010, en su artículo 149 que garantiza la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial.
En este sentido la magistrada subrayó que la alta criminalidad ha afectado profundamente al tejido social, y por esa razón, la misma debe ser enfrentada con las herramientas propias del sistema democrático, lo que solamente se logra con recursos que diseñen programas que ataquen, las raíces complejas del problema.
“Y por último con una justicia capaz de investigar, perseguir, acusar y sancionar severamente a los enemigos de la convivencia pacífica, cimentados en el imperio de la ley de las garantías constitucionales”, precisó.
Indica que a la vez los responsables de administrar justicia, deben contar con las garantías y condiciones dignas de su responsabilidad.
La afirmación la hizo ayer la magistrada Nancy Salcedo Fernández, juez presidente de la Corte de Trabajo y Jueza Coordinadora de los presidentes de Cortes del Departamento de Santiago al pronunciar el discurso central con motivo del Día del Poder Judicial.
La magistrada explicó que además éste déficit financiero afectará el reajuste salarial tan esperado por todos los servidores judiciales y también impedirá adecuar las pensiones a los jueces jubilados o pensionados por edad o por enfermedad, las cuáles se ven afectado por los embates inflacionarios periódicos que padece la economía.
“Cómo puede desarrollarse eficazmente el Poder Judicial al que cada año se le disminuye su partida presupuestaria conforme lo indica la ley”, expresó.
Salcedo Fernández manifestó que la población dominicana requiere que el Poder Judicial responda al ideal constitucional de un estado social y democrático de derecho, por tan razón esa sociedad civil considera que el incremento de la asignación presupuestaria solicitada por este estamento del Estado conllevaría a continuar la transformación institucional de ese poder.
Explicó que aunque por ley le corresponde al Poder Judicial el 2:66% del presupuesto nacional nunca lo ha recibido, pues el promedio recibido en la última asignación es de 1.27%, no solo la ley se ha violado, sino también que ha vulnerado el mandato consagrado en la Constitución del 2010, en su artículo 149 que garantiza la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial.
En este sentido la magistrada subrayó que la alta criminalidad ha afectado profundamente al tejido social, y por esa razón, la misma debe ser enfrentada con las herramientas propias del sistema democrático, lo que solamente se logra con recursos que diseñen programas que ataquen, las raíces complejas del problema.
“Y por último con una justicia capaz de investigar, perseguir, acusar y sancionar severamente a los enemigos de la convivencia pacífica, cimentados en el imperio de la ley de las garantías constitucionales”, precisó.
Indica que a la vez los responsables de administrar justicia, deben contar con las garantías y condiciones dignas de su responsabilidad.
