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lunes, 11 de septiembre de 2017

Califican de “impertinente” petición de ampliar porcentaje de mano de obra extranjera

El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, afirma que la solicitud de los empresarios de la construcción desconoce la Ley de Código de Trabajo




Imagen de archivo del exdirector de Migracion, José Ricardo Taveras.

20170911 https://www.diariolibre.com





SANTO DOMINGO. El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, calificó de “impertinente” la solicitud de los empresarios de la construcción de que se modifique el Código de Trabajo para ampliar el porcentaje de mano de obra extranjera en el país.

Taveras dice que el artículo 145 de la normativa laboral establece que el Poder Ejecutivo “puede conceder permisos válidos por no más de un año para que sean empleados en empresas agrícola-industriales, braceros extranjeros en exceso de la proporción legal”.
En una comunicación de prensa, el también exdiputado y secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) afirmó que los permisos deben hacerse en el marco de ciertos protocolos que evidencien la necesidad y el previo esfuerzo de suplir mano de obra nacional, con lo cual queda demostrado que el interés de modificar el Código de Trabajo podrá tener otros motivos, como el abordaje de las prestaciones laborales, pero no el tema del 80/20.

Calificó el mercado laboral nacional de “caótico y vergonzosamente informal en un nivel de un 54%, gracias a que tanto autoridades como intereses prefieren seguir administrando el caos y no asumir el reto de reducir al mínimo la informalidad”.
Taveras también lamentó que el empresariado nacional, inconsciente de su rol protagónico y deber ético, en general, quiera “seguir administrándose en el marco de un caos conveniente con el tema de una presencia de mano de obra extranjera, absolutamente indocumentada por demás, causante de la depresión de los salarios y de una informalidad que termina convirtiendo al trabajador dominicano en discriminado en su propio país”.
Adujo que la indocumentación de los extranjeros, a pesar del Plan Nacional de Regularización, permite que estos salgan más baratos, toda vez que no acarrean los costos asociados a la formalización del trabajo.
Taveras Blanco invitó a los empresarios que abogan por esta salida a que asuman su rol de élites éticamente comprometidas con el futuro de la nación, eludiendo ese tipo de planteamientos que consideró a “todas luces reprochables”.
También lamentó el silencio del liderazgo sindical debido a que, considera, debió “reaccionar contundentemente” a la solicitud de ampliar el porcentaje de manos de obras extranjeras, porque, según afirma, tras ese pedido se esconde el propósito de mantener a los trabajadores dominicanos anclados con salarios equiparables a los que demandaba el mercado a principios de los años noventa.

domingo, 10 de septiembre de 2017

Marcha Verde someterá penalmente a Danilo Medina por caso Odebrecht

Marcha Verde someterá penalmente a Danilo Medina por caso Odebrecht
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Santo Domingo.-Por considerarlo el principal responsable del régimen de corrupción e impunidad que azota al pueblo dominicano, la Marcha Verde anunció ayer que preparará y someterá una denuncia penal contra el presidente Danilo Medina.  Este sometimiento al Presidente de la República se basará en la relación del mandatario con la multinacional mafiosa Odebrecht, la contratación de obras como Punta Catalina y su relación con Joao Santana y el financiamiento de sus dos últimas campañas electorales.
  
El movimiento considera que la exclusión de legisladores y altos funcionarios del caso de los aviones tucanos, así como la puesta en libertad de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa por  del juez Francisco Ortega confirman el control político que desde el Palacio Nacional ejerce Medina sobre la Justicia y la debilidad deliberada de los expedientes sometidos por el Ministerio Público.
   
“La Marcha Verde condena estas acciones, que se suman al convenio de impunidad firmado con la empresa mafiosa Odebrecht, así como al rechazo del Gobierno a la demanda ciudadana de conformar una comisión de fiscales independientes para llevar a cabo un proceso judicial capaz de conseguir  que vayan a la cárcel todos los responsables de las diferentes modalidades de corrupción implementada por Odebrecht”, indicó el colectivo mediante rueda de prensa realizada este domingo en el Parque Independencia.

Destitución del Procurador y salida de Odebrecht
   
Marcha Verde, además, reiteró su demanda de destitución del procurador Jean Alaian Rodríguez, por entender  que desde el Ministerio Público actúa a favor de la impunidad y en contra de los intereses de la población. Plantean reemplazarlo por un profesional independiente, que no responda a los mandatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ni a la agenda político-electoral del presidente Danilo Medina.
   
Del mismo modo el movimiento verde reiteró su demanda de conformar una comisión especial de fiscales independientes para llevar a cabo todo el proceso judicial relacionado al escándalo de Odebrecht. Para la Marcha Verde también es inminente la expulsión de Odebrecht del país y la cancelación del contrato para la construcción de las plantas eléctricas en Punta Catalina.
   
“Marcha Verde reitera que seguirá en las calles, organizando e impulsando la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio nacional hasta obligar a todas las instituciones del Estado a responder a las demandas populares de recuperar todo el dinero robado por la corrupción y ponerle fin al régimen de corrupción e impunidad que impide el desarrollo integral de la gente”, concluye el comunicado.

Procurador califica de “funesta” la variación de medida de coerción a Díaz Rúa y Rondón




20170908 https://www.diariolibre.com



SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó de funesta la decisión que varió la medida de coerción a los implicados en los sobornos pagados por Odebrecht, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo, adoptada por el juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conducir la instrucción especial de este caso.
Este viernes, el juez Ortega Polanco varió la medida de coerción de un año de prisión preventiva que le había impuesto a Rondón Rijo, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, por una garantía económica de RD$70 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Igualmente, varió la medida de coerción de nueve meses de prisión preventiva que le había impuesto a Díaz Rúa, de igual manera en el CCR de Najayo, por una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Rodríguez expresó en una nota de prensa que aunque respeta esa disposición, la misma es como “la crónica de una muerte anunciada, debido a la insistencia para que la audiencia a tales fines fuera celebrada en forma solapada, primero el pasado miércoles, a pesar de que el Poder Judicial había suspendido las labores ese día y cuando la ciudadanía estaba atenta a que el país sería afectado por un huracán”
En ese mismo orden, afirmó que, “sospechosamente, esta audiencia de revisión de medidas de coerción, luego fue pautada para efectuarse este viernes, en medio de que el país está centrado en auxiliar a quienes resultaron afectados por dicho fenómeno atmosférico”.

Rodríguez apuntó además que esta resolución pone de manifiesto la “inequidad” con que algunos jueces aplican las leyes, y puso como ejemplo que las cárceles dominicanas están llenas de internos, acusados de cometer delitos mucho menos graves que los que se le señalan a los implicados en este caso de Odebrecht, pero que, sin embargo, a aquellos se les niega el otorgamiento de una fianza, para que también puedan conocer su proceso judicial en libertad.

El procurador general indicó que el expediente depositado hasta el momento por el Ministerio Público, además de las confesiones premiadas de los exejecutivos de la constructora brasileña, contiene evidencias similares a las que en otros países, han servido para mantener en prisión a quienes también están involucrados en este caso de corrupción transnacional

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