CARACAS. Con la destitución por unanimidad de la fiscal general de Venezuela la Asamblea Constituyente demostró el sábado que irá tras los opositores, tal como había advertido el presidente Nicolás Maduro.
En menos de 24 horas el organismo dejó claro que sus poderes son virtualmente ilimitados. A primera hora de la mañana agentes de seguridad blindaron el acceso al Ministerio Público a la fiscal Luisa Ortega Díaz, removida poco después en la cámara al grito de “traidora” y “la justicia llegó”.
Ortega rechazó la decisión en un comunicado. “En Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la constitución”, indicó.
Diosdado Cabello, líder del oficialismo y uno de los 545 delegados de la Constituyente, justificó la destitución de Ortega Díaz, a quien prohibieron salir del país y embargaron sus bienes.
“Ortega se había convertido en centro de la injusticia”, dijo Cabello, quien advirtió de que otra de sus promesas, la eliminación de la inmunidad parlamentaria de los miembros de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, está muy cerca.
“Hay personas que han hecho uso abusivo de la inmunidad parlamentaria... para encender un país”, agregó sobre los congresistas que impulsan las marchas contra el gobierno. Los legisladores advirtieron que sólo abandonarán sus escaños por la fuerza.
Varios mandatarios de la región condenaron la destitución de la fiscal. Gobiernos y grupos de defensa de los derechos humanos habían denunciado constantes ataques contra Ortega Díaz, reemplazada provisoriamente por Tarek William Saab, aliado de Maduro y recientemente sancionado por Estados Unidos por no proteger a los manifestantes de los abusos de las fuerzas de seguridad en su papel de Defensor del Pueblo.
Saab aseguró durante su juramento ante la Constituyente que quien siga perpetrando actos de violencia en las calles “sabe que sobre él caerá todo el peso de la ley”.
La oposición acusó al gobierno de violar la división de poderes e instó a sus defensores a mantenerse firmes en las calles. “Ahora es que nosotros somos fuertes y tenemos la moral en alto para seguir luchando por la libertad de Venezuela”, dijo a la prensa visiblemente cansado Julio Borges, el presidente del Congreso, e insistió que ese es el ,único organismo capacitado para nombrar y destituir al fiscal general.
En menos de 24 horas el organismo dejó claro que sus poderes son virtualmente ilimitados. A primera hora de la mañana agentes de seguridad blindaron el acceso al Ministerio Público a la fiscal Luisa Ortega Díaz, removida poco después en la cámara al grito de “traidora” y “la justicia llegó”.
Ortega rechazó la decisión en un comunicado. “En Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la constitución”, indicó.
Diosdado Cabello, líder del oficialismo y uno de los 545 delegados de la Constituyente, justificó la destitución de Ortega Díaz, a quien prohibieron salir del país y embargaron sus bienes.
“Ortega se había convertido en centro de la injusticia”, dijo Cabello, quien advirtió de que otra de sus promesas, la eliminación de la inmunidad parlamentaria de los miembros de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, está muy cerca.
“Hay personas que han hecho uso abusivo de la inmunidad parlamentaria... para encender un país”, agregó sobre los congresistas que impulsan las marchas contra el gobierno. Los legisladores advirtieron que sólo abandonarán sus escaños por la fuerza.
Varios mandatarios de la región condenaron la destitución de la fiscal. Gobiernos y grupos de defensa de los derechos humanos habían denunciado constantes ataques contra Ortega Díaz, reemplazada provisoriamente por Tarek William Saab, aliado de Maduro y recientemente sancionado por Estados Unidos por no proteger a los manifestantes de los abusos de las fuerzas de seguridad en su papel de Defensor del Pueblo.
Saab aseguró durante su juramento ante la Constituyente que quien siga perpetrando actos de violencia en las calles “sabe que sobre él caerá todo el peso de la ley”.
La oposición acusó al gobierno de violar la división de poderes e instó a sus defensores a mantenerse firmes en las calles. “Ahora es que nosotros somos fuertes y tenemos la moral en alto para seguir luchando por la libertad de Venezuela”, dijo a la prensa visiblemente cansado Julio Borges, el presidente del Congreso, e insistió que ese es el ,único organismo capacitado para nombrar y destituir al fiscal general.
El bloque sudamericano suspendió a Venezuela por no seguir las normas democráticas.
Borges agregó que los parlamentarios acudirán a la cámara el lunes, a escasos metros del recinto donde se instaló la Constituyente.
En tanto, el Mercosur suspendió a Venezuela del bloque económico por violar las normas democráticas con la convocatoria de la Asamblea Constituyente, una decisión rechazada por Venezuela, que la consideró una “arbitrariedad”.
“Venezuela alerta a los pueblos del mundo sobre la grosera injerencia de quienes tuercen los caminos legales para provocar intervenciones erráticas, violatorias de los más elementales principios del derecho internacional”, declaró el canciller Jorge Arreaza. Delcy Rodríguez, ex canciller y actual presidenta de la Constituyente, tildó la resolución de “linchamiento político a Venezuela”.
Por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, Saab había asumido en julio algunas de las potestades de la Fiscalía. La destitución de Ortega en la Constituyente también se inspiró en una sentencia de esa corte.
Ortega Díaz, simpatizante histórica del expresidente Hugo Chávez pero divorciada del oficialismo hace unos meses, investigaba a varios miembros de la fuerza pública por disparar contra manifestantes en las protestas que han dejado 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos. También pidió investigar un supuesto fraude durante la elección de la Constituyente.
Más temprano, Ortega Díaz había denunciado que cuerpos de seguridad le impidieron ingresar a su despacho en la sede del Ministerio Público.
El abogado constitucionalista Hermann Escarra, miembro de la Constituyente, dijo a periodistas que Ortega Díaz “quedaría sometida a la jurisdicción penal”.
Pese a las críticas de la comunidad internacional a la Constituyente, que según Estados Unidos consagra la “dictadura de Maduro”, Washington descartó una intervención militar en el país sudamericano, dijo el principal asesor de seguridad del presidente Donald Trump en una entrevista el sábado.
La Asamblea Constituyente, fiel a Maduro y con el mandato de reformar la carta magna, se fijó un plazo funcionamiento de hasta dos años y tiene previsto instalar el domingo una comisión para esclarecer la violencia de los últimos meses.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la “violación flagrante” de la independencia institucional de la fiscal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares, al afirmar que corre peligro.
Activistas de la oposición han sido encarcelados en los últimos días y otros parecen estar buscando el exilio. Maduro acusa a sus oponentes de “terroristas” y asegura que la Constituyente es la mejor manera de restaurar la paz.
La oposición boicoteó la elección de la Constituyente alegando que las reglas beneficiaban al gobierno. La indignación aumentó cuando la empresa que presta los servicios de voto electrónico en Venezuela dijo que las elecciones habían sido manipuladas.
La Constituyente está formada por sindicalistas, trabajadores y ciudadanos con discapacidades pero también por miembros de la familia de Maduro y antiguos ministros.
La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, el Vaticano, la Unión Europea y varios países de la región desconocen a la Asamblea.
Venezuela atraviesa la tensión política en medio de una crisis dominada por una inflación de tres dígitos, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos y una contracción económica que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional podría alcanzar este año el 12%.
En tanto, el Mercosur suspendió a Venezuela del bloque económico por violar las normas democráticas con la convocatoria de la Asamblea Constituyente, una decisión rechazada por Venezuela, que la consideró una “arbitrariedad”.
“Venezuela alerta a los pueblos del mundo sobre la grosera injerencia de quienes tuercen los caminos legales para provocar intervenciones erráticas, violatorias de los más elementales principios del derecho internacional”, declaró el canciller Jorge Arreaza. Delcy Rodríguez, ex canciller y actual presidenta de la Constituyente, tildó la resolución de “linchamiento político a Venezuela”.
Por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, Saab había asumido en julio algunas de las potestades de la Fiscalía. La destitución de Ortega en la Constituyente también se inspiró en una sentencia de esa corte.
Ortega Díaz, simpatizante histórica del expresidente Hugo Chávez pero divorciada del oficialismo hace unos meses, investigaba a varios miembros de la fuerza pública por disparar contra manifestantes en las protestas que han dejado 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos. También pidió investigar un supuesto fraude durante la elección de la Constituyente.
Más temprano, Ortega Díaz había denunciado que cuerpos de seguridad le impidieron ingresar a su despacho en la sede del Ministerio Público.
El abogado constitucionalista Hermann Escarra, miembro de la Constituyente, dijo a periodistas que Ortega Díaz “quedaría sometida a la jurisdicción penal”.
Pese a las críticas de la comunidad internacional a la Constituyente, que según Estados Unidos consagra la “dictadura de Maduro”, Washington descartó una intervención militar en el país sudamericano, dijo el principal asesor de seguridad del presidente Donald Trump en una entrevista el sábado.
La Asamblea Constituyente, fiel a Maduro y con el mandato de reformar la carta magna, se fijó un plazo funcionamiento de hasta dos años y tiene previsto instalar el domingo una comisión para esclarecer la violencia de los últimos meses.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la “violación flagrante” de la independencia institucional de la fiscal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares, al afirmar que corre peligro.
Activistas de la oposición han sido encarcelados en los últimos días y otros parecen estar buscando el exilio. Maduro acusa a sus oponentes de “terroristas” y asegura que la Constituyente es la mejor manera de restaurar la paz.
La oposición boicoteó la elección de la Constituyente alegando que las reglas beneficiaban al gobierno. La indignación aumentó cuando la empresa que presta los servicios de voto electrónico en Venezuela dijo que las elecciones habían sido manipuladas.
La Constituyente está formada por sindicalistas, trabajadores y ciudadanos con discapacidades pero también por miembros de la familia de Maduro y antiguos ministros.
La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, el Vaticano, la Unión Europea y varios países de la región desconocen a la Asamblea.
Venezuela atraviesa la tensión política en medio de una crisis dominada por una inflación de tres dígitos, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos y una contracción económica que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional podría alcanzar este año el 12%.
