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lunes, 10 de julio de 2017

Diez admisiones en el informe sobre Punta Catalina que exacerban inconformidades sociales de cara a cita verde el 16 de julio


"Podemos señalar que Independiente de los propósitos, pertinencia e integración de la comisión, el informe evacuado evidencia, demuestra, el predominio a la recurrencia de malas artes para privilegiar decisiones públicas y al pisoteo institucional por parte del gobierno en perjuicio de la sociedad dominicana.
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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ingeniero Guillermo Caram, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, presentó un análisis de diez puntos del informe presentado por la comisión que investigó la licitación de la termoeléctrica Punta Catalina, que a su juicio exacerban inconformidades sociales de cara a cita verde del 16 de julio.
Lea íntegro el documento:
Independientemente que el propósito de designar una COMISIÓN para investigar la licitación y adjudicación de las termoeléctricas de Punta Catalina era la de endosar los procesos a estos fines para neutralizar los procesos judiciales y calmar los ánimos ciudadanos indignados ante las posibilidades de una Mega corrupción en torno a este mega proyecto, en su INFORME se admiten irregularidades que tienden a exacerbar las inconformidades sociales a manifestarse en próximas citas, como la pautada para el 16 de julio.
Las admisiones contenidas en el INFORME de la COMISIÓN exigen acciones gubernamentales destinadas al mejoramiento de la idoneidad en los procesos de decisión e implementación de obras destinadas a la prestación de servicios, y financiadas con recursos, públicos.
Las principales admisiones al respecto contenidas en el INFORME de la COMISION fueron:
1. Abuso de las declaratorias de emergencia que exceptúa la aplicación de procedimientos de contratación. En marzo 2011 una iniciativa similar a la que ahora nos ocupan había sido declarado de emergencia para exceptuar los procedimientos de aplicación de la ley de contrataciones (340-06), sin que, a pesar de la emergencia, se hubiera concretado proyecto alguno. Veinte y seis meses después, junio 2013, otra declaratoria de emergencia fue decretada, esta vez concluyendo en las termoeléctricas de PCatalina, en circunstancias que, según el INFORME, en mayo 2013, un mes antes, ya se había iniciado el proceso de licitación. Cuatro meses después ya se había calificado ODEBRECHT luego de ser la única que, según confesaron al INFORME, había cumplido las bases de licitación. Al no concretarse nada declarado de la emergencia del 2011 o al declararse en el 2013 después de convocada licitaciones, queda evidenciado que las declaraciones de emergencias son manipuladas y se utilizan para encubrir adquisiciones y contrataciones preferenciadas insinuadoras de dolo.
2. El principio de competencia contenido en la leyes ha quedado lesionado: como hemos indicado, una sola empresa cumplió los requisitos técnicos (ver párrafo del INFORME #30). En circunstancia que el Art. 21 de la ley 340-06 consagra textualmente que “El principio de competencia entre oferentes no deberá ser limitado por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas por omisiones formales subsanables, debiéndose requerir a los oferentes incursos …las aclaraciones que sean necesarias, dándosele la oportunidad de subsanar dichas deficiencias”. El INFORME reconoce que miembros de la COMISIÓN se retiraron de ella por argumentos similares a los establecidos por la ley a la vez que confiesa que acogieron la opinión de funcionarios del gobierno entrevistaron que justificaron la violacion del principio de competencia citado.
3. Comité de licitación compuesto por jefes y subalternos. El INFORME evidencia y hasta critica que el Comité de Licitación que evaluó las principales fases del proceso estuvo compuesto por el titular de la CDEEE y sus subalternos, lo que hace previsible que la decisión recayó en una sola persona encubierta de un comité integrado por funcionarios susceptibles de sanciones si no se supeditaban a la voluntad de su superior.
4. Investigación de licitaciones y adjudicaciones cuando ya la obra está terminada. El INFORME admite que la termoeléctrica está construida en un 70% en una franca insinuación para justificar despejar obstáculos a su terminación. Ciertamente, disminuye el sentido de investigar licitaciones cuando ya la obra se encuentra casi terminada. Lo destacable en este caso es porque se esperó hasta los últimos momentos para investigar lo que hacía tiempo a pesar de disponer de disposiciones y organismos del Estado llamados a depurar cada paso del proceso de ejecución disponiendo de los organismos de control y fiscalización que se citan en el numeral siguiente:
5. Golpeo a la institucionalidad. El INFORME evidencia que hubo vioalciones de disposiciones y mecanismos constitucionales disponibles. La investigación sobre la regularidad del proceso de licitación y adjudicación de la termoeléctrica debió reflejarse en cada paso dl proceso de ejecución. En Cada paso, en cada pago, p.e., debe verificarse si los precedentes fueron llevado correctamente. En tal sentido la Contraloría y Digepres pudieron advertir regularidades sin necesidad de la investigación “expresa” encomendada a la COMISION. Una supervisión rutinaria y sistemática debió recaer en el Ministerio de Energia según el art.2 de la ley 100-13 que reza así: “Corresponde al Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de órgano rector del sistema, la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético…”. El art. 4 de la ley que crea el Ministerio de Economía y Planificación establece en su literal e) que debe “Coordinar la formulación y ejecución de los planes, proyectos y programas de desarrollo de los organismos públicos, comprendidos en el ámbito del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública”. La Constitución establece como órganos de control externo, a posteriori, la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional. Ninguno de ellos opinó sobre irregularidad alguna, ni motus propio ni a requerimiento. Por eso, llama la atención que habiéndose ejecutado el 70% del proyecto sea ahora la regularidad de los procesos de ejecución y licitación.
6. Falta de institucionalidad de la propia COMISIÓN. La propia COMISIÓN está viciada de falta de institucionalidad. Creada por decreto, ignora y desplaza los organismos citados creados constitucionalmente y/o por leyes. Incluso, dado que al momento de crear la COMISION ya se habían iniciado, por presiones internacionales, acciones judiciales a cargo de la PGR, la COMISIÓN debió, en todo caso depender y estar presidida por el Procurador y no por otro funcionario del gobierno que para colmo tenía vínculos con una de las empresas vinculadas al consorcio beneficiado.
7. Debilidad en integrantes y fuentes de investigación. Además de lo precedentemente señalado sobre la presidencia de la COMISION, ésta sufrió de otras debilidades en cuanto a fuentes e integración. Uno de sus miembros fue sometido por la PGR por otros casos de corrupción que, de paso, fue excluido por la COMISIÓN como tal al momento de señalar créditos. Sus fuentes fueron principalmente los mismos funcionarios y organismos que tomaron decisiones y/o se beneficiaron de ellas, conformando una especie de sociedad de protección mutua que concita connivencia y complicidad
8. Extralimitaciones convenientes de atribuciones de la COMISIÓN: sin que sea criticable, es pertinente reconocer que el INFORME de la COMISIÓN se excedió en sus atribuciones, aunque sea para bien, en temas como previsiones sobre posibles atrasos, aumento de costos, advertencias ambientales, recomendaciones sobre comprar de terrenos,modificaciones al sistema legal etc. Pero la extralimitacion más positiva es la que se comenta a continuación.
9. Pagos por encima de los correspondientes: la COMISIÓN reveló que ODEBRECHT sigue facturando y cobrando generosamente. El numeral 78 de sus recomendaciones consigna que le siguen pagando sobre base de un precio superior en US$96millones al finalmente convenido y sin hacer los descuentos proporcionales a los US$15Omillones avanzados. Sumadas ambas partidas se llega a un total de US$ 246millones, equivalentes al 13% del valor convenido por encima de lo que debe tomarse como base para hacer los pagos periódicos. Esta suma es superior al monto de las sanciones impuestas por la PGR a ODEBRECHT, dejando dicho que prácticamente es el Estado está pagando las sanciones que se le impusieron a la empresa.
10. Se Está cumpliendo el acuerdo ODEBRECHT- PGR?. Finalmente y ya que extralimitó en su competencia, hubiera sido conveniente que la COMISIÓN, para brindar un servicio completo a la Nación, que se extralimitara indagando si el acuerdo citado en este numeral se está cumpliendo y si otras informaciones pendientes relacionados con el caso, como los informes procedentes del exterior se le ha dado el curso debido dado su vinculación con lavado internacional de activos.
Como conclusión podemos señalar que Independiente de los propósitos, pertinencia e integración de la COMISIÓN, el INFORME evacuado evidencia, demuestra, el predominio a la recurrencia de malas artes para privilegiar decisiones públicas y al pisoteo institucional por parte del gobierno en perjuicio de la sociedad dominicana.
Y eso exacerbará las inconformidades populares, especialmente ante la próxima cita de protestas convocada para el próximo 16 de julio

Miriam Germán hace duras críticas a expediente formulado por el MP en voto disidente a medidas de coerción


"Mal juez sería yo si dejara de actuar conforme a la Constitución y lo que es más grave, conforme a mi conciencia, frente a una sentencia que considero vulnera derechos fundamentales, en mi ejercicio como juez tengo un pequeño espacio donde soy mi propia dueña y que no se lo sedo a nadie".
Carolina Batista/Acento.com.do - 9 de Julio de 2017 - 9:03 am - 28

Foto: Miriam Germán

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La jueza Miriam Germán Brito, presidente de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, criticó el expediente formulado por el Ministerio Público, al explicar su voto disidente en la variación de medidas de coerción contra los imputados por el caso de corrupción de Odebrecht.
La magistrada expresó que el Ministerio Público sustenta su acusación en delaciones premiadas que privilegian el «yo creo y me parece» pero que deben haber pruebas mínimas para una medida de coerción.
Expresó que el Ministerio Público no ha mostrado transferencias o pruebas de transferencia de dinero a los coimputados.
Consideró además que el Ministerio Público se situó al margen de la norma al grabar y difundir vídeos de los arrestos.
Afirmó que en el expediente, se aprecia una dificultad probatoria, que de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de las investigaciones, no augura un resultado esperanzador del juicio al fondo, donde la prueba deben ser hecha que no llegue a dudas razonables.
Ante el arraigo y la inexistencia del peligro de fuga, dijo, “Me inclino por un tipo de medida de coerción que no es la prisión preventiva ni el arresto domiciliario. Algo muy personal”.
“Mal juez sería yo si dejara de actuar conforme a la Constitución y lo que es más grave, conforme a mi conciencia, frente a una sentencia que considero vulnera derechos fundamentales, en mi ejercicio como juez  tengo un pequeño espacio donde soy mi propia dueña y que no se lo sedo a nadie”.
La magistrada advirtió que luego de su voto disidente podrían  “caerme Twitter alevosos por iniciativa propias o por encargo…”
“En esta larga carrera este proceder lo he tenido no solo con personas del estatus de los aquí presentes, sino también frente a personas abusadas por la pobreza y perseguidos por sus ideas políticas”.
La presidente de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, votó disidente en la sentencia que varía la medida de coerción a la mayoría de los imputados por el caso de sobornos admitidos por la empresa brasileña Odebrecht.

sábado, 8 de julio de 2017

Solidaridad con los Recicladores de Rafey


El mote de “Buzos” le sonaba despectivo, razón por la cual decidieron asumir el nombre de “Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey”.
Miguel Angel Cid Cid - 8 de Julio de 2017 - 12:07 am - 0

La ciudad de Santiago, tiene una larga historia de vanguardismo en todos los ámbitos del desarrollo nacional. En cuanto a higiene y orden, la urbe era la envidia del orgullo capitalino. El imaginario colectivo, tuvo sobradas razones para construir la frase que reza, “Santiago es Santiago, Santiago es Santiago, La Ciudad Corazón”. Que Santiago recobre su esplendor e hidalguía, depende de los actores de la ciudad y el país. Pero en esencia, quien debe jugarse el todo por el todo, es el alcalde Abel Martínez Durán.
En efecto, hoy puede afirmarse que lo dicho por el poeta cubano Nicolás Guillén en el sentido de que “Cualquier tiempo pasado fue peor”, es inaplicable en Santiago.
Durante tiempo indefinido, el “Vertedero de Rafey”, hoy “Ecoparque Rafey” fue motivo de miedo y terror, debido a la condición de guarida para criminales y malhechores. La transformación de esta realidad la inició el ex alcalde José Enrique Sued. Aquí quedó marcado el proceso de organización de los “Buzos” de Rafey. Fue fundamental el acompañamiento de la Fundación Solidaridad, la Yunta de Galicia, la Cámara de Comercio y el propio Ayuntamiento encabezado por Sued.
En consecuencia, “Los Buzos” se organizaron en la “Asociación de Buzos Recicladores de Rafey”. El mote de “Buzos” le sonaba despectivo, razón por la cual decidieron asumir el nombre de “Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey”. Con esta última denominación, fue registrada e incorporada, en el marco de la Ley 122-05, de las asociaciones sin ánimo de lucro.
A la postre, los recicladores de Rafey se afiliaron a la “Red Latinoamericana de Recicladores, Red LACRE”. Desde entonces, los ayer despreciados buzos, recorren el mundo representando a Santiago como ejemplo para el tratamiento humanizado de los desechos de una civilización que se empeña en excluirlos.
La realidad, linda y lironda, el Dr. Gilberto Serulle, anterior alcalde, intentó desconocerla, pero fracasó. Abel Martínez Durán, sustituto de Serulle, es ducho imitando ejemplos maléficos. Tanto se empeña el alcalde en seguir los malos pasos, que hoy marcha decidido a desalojar los Recicladores del Ecoparque Rafey. El propósito del acoso es instalar en su lugar, una empresa para el reciclaje que nada tiene que ver con Santiago.
El alcalde santiaguero, se empeña en desconocer los merecidos derechos de los Recicladores. Derechos conquistados, bajo el fragor del fuego y las humaredas producto de la descomposición de los desechos acumulados. El alcalde Martínez Durán no puede dejar de lado los aportes que han hecho los Recicladores al proceso de higienización de Santiago.
Sacar los niños y niñas del vertedero, es solo uno de los aportes relevantes de la Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey. Cuando iniciaron los trabajos para construir la organización, esto parecía imposible. Sin embargo, hoy el Ecoparque Rafey está libre de trabajo infantil.
Los aportes de la Asociación no se quedan ahí. Que en la actualidad, el reciclaje sea buen negocio en Santiago, se debe en gran medida a los Recicladores del Ecoparque Rafey, mismos que el alcalde sigue atropellando y llamando “buzos”.
En consecuencia, es una mala señal del alcalde Abel Martínez aprovechar el punto comercial construido por otros en beneficio de la ciudad de Santiago. Que Martínez Durán desconozca los derechos adquiridos durante más de 20 años de trabajo de los Recicladores, deja claro que Santiago no está en buenas manos.
El momento es propicio, para que los municipalistas del país se solidaricen con la Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey. Los atropellos de Abel Martínez Durán son además, una humillación al municipalismo nacional.
Los Recicladores del Ecoparque Rafey, esperan el apoyo del Plan Estratégico de Santiago, proyecto que dice ser la principal puja por recuperar el Santiago que ayer fue. ¿Será así?
¿Qué se propone el alcalde Martínez Durán con estas acciones de desconsideración a los Recicladores del Ecoparque Rafey? ¿Será que quiere agregarle otro clavo a su cruz?
¿O es que el Pigmalión quiere seguir modelando su estatua hasta darle soplo de vida?
Lo cierto es, que los Recicladores del Ecoparque Rafey necesitan de tu solidaridad para evitar ser echados de su lugar de trabajo, lugar que ellos construyeron y levantaron.

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