Capítulo
IX (primera parte)
Mi
investidura como abogado. El asesinato del capitán Salvador Vinicio Polanco
Fernández. El caso de «El Che». Detenido por querella temeraria.
En el año 1967 recibí el título de doctor en Derecho en la UASD. De inmediato me
trasladé a Santiago y comencé a ejercer la profesión en la oficina del
licenciado Francisco Porfirio Veras (a) Don Lilo, quien me aceptó en su bufete
con mucho cariño, respeto, consideración y sin ningún prejuicio político.
Muchas personas tenían la creencia de que todavía yo era militante del Partido
Comunista Dominicano (PCD), lo que no era cierto, ya que me había desligado,
como miembro desde el año 1966, aunque mantenía excelentes relaciones con todos
sus miembros y dirigentes más destacados.
Mi investidura como abogado había sido antecedida por la llegada al poder del
doctor Joaquín Balaguer en el año 1966. No voy hacer un análisis de lo que fue
el régimen de los doce años del doctor Balaguer, aunque sí hay que destacar que
fue represivo, intolerante y despiadado con sus adversarios políticos.
Aunque ya en 1967 no tenía militancia partidaria, me sentía totalmente
identificado con los que hacían oposición al Gobierno. Los métodos de lucha que
aplicaba tanto la oposición como el Estado, fueron los más diversos, violentos,
pacíficos e ideológicos. La lucha política fue áspera, fuerte, agresiva,
grosera, rigurosa, cruda, rígida, brusca; el país vivía una coyuntura política
ruda en la cual cada sector se consideraba dueño de la verdad absoluta y con
derecho a destruir a su adversario.
En ese escabroso, tortuoso y difícil medio social comencé mi oficio de abogado.
Las circunstancias me llevaron a ligar mi profesión con mis convicciones
políticas e ideológicas, a las cuales no podía renunciar, como tampoco a la
profesión de la cual vivíamos mi familia y yo. Por tanto, como abogado, tenía
que andar con el birrete y la toga debajo del brazo para vestirme en
cualquier momento, sin importar quién fuera el acusado o el lugar del país
donde había sido apresado.
Desde que llegué a Santiago mis servicios profesionales estuvieron a
disposición de todo aquel que se sintiera perseguido o llegara a caer en manos
de los organismos represivos del Estado. Muchas veces compartí lágrimas con
madres que me visitaban y traían en sus manos el pantalón o la camisa
ensangrentada que su hijo le había hecho llegar desde una celda de la Policía y como muestra de
las torturas que le estaban aplicando. Fui testigo de cuadros repugnantes que
revelaban los tormentos a que eran sometidos los detenidos políticos en el
Servicio Secreto para obligarlos a confesar hechos en los que no habían
participado y de los cuales los investigadores policiales querían que se
hicieran responsables.
He dado la explicación anterior para que conste que en todo momento estuve
consciente de los riesgos que corría al asumir la defensa en estrados de
personas que, aunque con expedientes por delitos comunes, en el fondo sus
detenciones tenían un tinte político. Además, las acusaciones eran hechas por
la policía de Balaguer y, en su generalidad, los fiscales y jueces también se
identificaban con la política balaguerista. Había que aceptar el reto porque,
una de dos: me limitaba a ejercer mi profesión pura y simplemente, o
involucraba mi ejercicio de abogado identificándome con los que se oponían al
doctor Balaguer y a su forma de gobernar. Opté por lo último.
He aquí uno de los tantos casos de los cuales asumí la defensa de los
acusados y pagué con la prisión.
El día 22 de agosto de 1970 ocurrió un hecho en la ciudad de Santiago de los Caballeros
que, por su naturaleza criminal y por la víctima, llenó de indignación a todo
el pueblo dominicano, y en particular a la comunidad santiaguense. En un
reporte del comunicador social Junio Lora para el periódico El Caribe, del 24
de agosto de 1970, se reseña el caso así:
Un capitán de la Policía es asesinado a
balazos
De un tiro por la espalda fue muerto el sábado último en la noche, un capitán
de la Policía
atacado por tres hombres hasta ahora desconocidos, a poca distancia de su
residencia.
El oficial asesinado es Salvador Vinicio Polanco Fernández, quien desempeñaba
el cargo de ayudante del consultor jurídico de la Policía con asiento en La Vega. El hecho ocurrió en
la calle Capotillo, a las 9:50, mientras Polanco se dirigía a su residencia, marcada
con el número 120 de esa misma calle en esta ciudad. Polanco cayó abatido
frente a la casa 114 –a sólo diez metros de su residencia– al regresar de una
farmacia propiedad de su esposa Estela Ángeles de Polanco, situada en la
esquina suroeste de las calles Capotillo e Independencia, a unos 50 metros de su hogar.
Los vecinos del lugar donde ocurrió la tragedia manifestaron que se oyeron tres
disparos realizados por tres desconocidos que huyeron de inmediato. En el lugar
donde ocurrió el hecho fueron encontrados por la policía tres casquillos de
pistola [calibre] 45 y la bala que presumiblemente segó la vida del oficial,
atravesándole el corazón. Se informó que los victimarios de Polanco le
sustrajeron una pistola [calibre] 45 que portaba. El oficial vestía de civil.
En el lugar no se pudo obtenerse una versión clara de lo ocurrido, a causa de
que al ser victimado Polanco, los vecinos cerraron las puertas de sus
respectivas casas. Fue sólo cuando llegó la policía que el cadáver de Polanco
fue levantado del lugar donde yacía por miembros de la institución y familiares
de la víctima. A la hora de su muerte, el capitán y doctor en leyes contaba con
38 años. Era persona muy estimada aquí. Con la muerte de Polanco queda en la
orfandad una niña de tres años, Odette, procreada con su esposa Estela.
Por otro lado, el coronel Eligio Bisonó Jackson, jefe de la dotación policial
aquí, señaló que «el crimen no quedará impune». El citado oficial insinuó a
este reportero que hay detenidos en torno al caso. Fuentes particulares indican
que hay veinte personas detenidas, la mayoría residentes en el vecindario donde
ocurrió el hecho. Se pudo comprobar el aprecio y la popularidad de que gozaba
la víctima, por la gran asistencia de civiles al lugar del mortuorio.
Luego, el 8 de septiembre, la Policía Nacional en Santiago hizo el siguiente
sometimiento:
República Dominicana
Policía Nacional
Santiago de los Caballeros, R. D.
8 de septiembre de 1970
Detenidos
Número 6123
E.C.H.
Del: Aux. Consultor Jurídico Depto. Norte.
Al: Magistrado Procurador Fiscal Ciudad.
Sometimiento judicial a cargo de los nombrados José López (a) El Che,
Ramón Fernández (a) Vargas Vila o Momoncito, Leoncio Valerio, Darío
Peña, José Serrata, Andrés Ortiz Cruz (a) El Chino y José Antonio Ventura
Rodríguez (a) El Haitianito, como presuntos autores de homicidio voluntario
armados de una pistola, y robo de una pistola marca Colt, calibre 45, número
236320, cometido de noche, por más de dos personas, en perjuicio de quien en
vida respondió al nombre de Capitán doctor Salvador Vinicio Polanco Fernández,
P.N. Violación a los artículos 295, 304, 379 y 385 del C. P.)
Anexos
A) Un acta relativa al asunto.
B) Un certificado médico legal.
C) Un interrogatorio hecho al nombrado José López (a) El Che y D), dos (2) certificaciones
de las pruebas de la parafina practicada a los nombrados José Antonio López,
Paulino y Darío Peña Fernández.
Ante la prisión de los imputados, sus familiares me pidieron que gratuitamente
les asistiera como abogado. Luego de investigaciones que hice, comprobé que
ninguno de los jóvenes acusados por la Policía Nacional
había participado en el crimen que se les imputaba.
Para darle visos de legalidad al sometimiento, la Policía acompañó el
expediente de una acta de allanamiento que había levantado el procurador fiscal
de Santiago, doctor Domingo Gustavo Féliz Carvajal, en la cual hacía constar
que en la casa del principal acusado, José Antonio López (a) El Che, había
aparecido la pistola que portaba el capitán la noche cuando fue asesinado.
Continuará la semana próxima
