Ministro de Ambiente Rojas Gómez reitera dudas sobre “Loma Miranda”

Bautista Rojas Gómez.

Marino Arias B. 

SANTO DOMINGO.- Bautista Rojas Gómez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Ministro de Medio Ambiente, dijo que con Loma Miranda habrá que hacer lo que más le convenga al país, así sea conservándola o sea explotándola.

 “Que sea lo que convenga, pero que no afecte en lo absoluto el medioambiente de nuestro país”, sentenció Rojas Gómez al participar en el programa A Diario y que reseña su partido en una nota de prensa hoy.

En ese sentido, el dirigente del PLD,  quien se define como un hombre conservacionista, señaló que cree en el desarrollo de los pueblos y al mismo tiempo cuestiona  que supuestos protectores del medio ambiente acudan  a los medios de comunicación a mentirles al pueblo diciendo cosas no cierta sobre potenciales daños de una explotación minera en la zona.

Expresó que hay definiciones  muy precisas sobre qué área puede ser un parque nacional o cual puede se un área de  reserva de vida silvestre, pero la protección no puede ser caprichosa,  solo porque alguien  lo entienda así. Apunta

 “No es que a mí por ejemplo,  se me ocurra afirmar que Rancho Arriba en Salcedo, sea una área protegida porque ahí vivieron  mis abuelos, mis bisabuelos, mi papá”, puntualizó Rojas en la reseña de la  Secretaría de Comunicaciones del PLD.

 “Así no puede ser” enfatizó el Ministro de Medio Ambiente aludiendo a los criterios que no deben ser tomados en cuenta a la hora de gestionar que una zona goce de protección.

Entiende el Ministro que no se puede limitar el desarrollo de la República Dominicana a una decisión definitiva, apunta  que cuando  un determinado proyecto podría repercutir negativamente al medio ambiente, deben plantearse condiciones.

Sobre si el gobierno favorece la explotación de Loma Miranda, recordó que Medio Ambiente se opuso a la misma cuando recibió un primer estudio de impacto ambiental, sin embargo, dijo que lo que si es de rigor hacer bien lo que tenga que hacerse.

 “O se cumplen los parámetros para tomar una decisión definitiva o simplemente no se puede”, acotó

Dijo que ahora el país cuenta con una Ley Ambiental que no existía en el pasado por lo que se va avanzando en ese sentido, agrega que hoy  sacar caliche implica  un plante de mediación como está establecido.
 

Protestas en Santiago y Mao por arreglo calles

Los habitantes en la comunidad de Rincón, en Mao, obstaculizaron la carretera con árboles y escombros durante la protesta de ayer.

Ney Santana 

 SANTIAGO.-Habitantes en diferentes sectores del distrito municipal de Hato del Yaque, se lanzaron ayer a las calles y reclamaron de las autoridades reconstrucción de las mismas, y lo mismo, hicieron moradores los moradores de Rincón, en Mao, quienes agregaron en su reclamo el servicio de agua potable.
    
Desde las seis de la mañana los munícipes se conglomeraron en el puente de la comunidad de Barrio Lindo donde reclamaron el arreglo de las calles de Los Guandules, Barrio Balaguer, Valle Verde, Guayacanal y Barrio Lindo.
    
Durante la protesta los habitantes en los referidos barrios se colocaron en el centro de la carretera que comunica a Hato del Yaque con Santiago, donde  hicieron un desayuno de yuca con salami, lo que provocó caos en el tránsito vehicular en esa zona.
    
A la protesta se unieron los comunitarios de La Canela los cuales reclaman un mejor servicio de agua potable.
    
Luego de varias horas de protesta llegó a la zona el general Pablo de Jesús Dipré, jefe de la Dirección Regional Cibao-Central de la Policía, quien manifestó que se comunicó con la gobernadora de Santiago para coordinar una reunión con el ministro de Obras Públicas.

En Mao

Habitantes del sector El Rincón en la sección de Jinamagao, distrito municipal de Guatapanal, protestaron nueva vez, en reclamo de la construcción de su carretera principal y la solución al problema de agua potable.

Desde las primeras horas de ayer, los residentes en dicha localidad obstaculizaron la calle principal que da acceso a esa zona con ramas de árboles, neumáticos encendidos y escombros.
    
Julio Mézquita dijo que esa comunidad tiene más de 60 años esperando la construcción del tramo carretero que va desde ese sector hasta la carretera Esperanza-Amina, una de la zona de más producción agrícola de la provincia.
    
En cuanto al acueducto, amas de casa del lugar dijeron que se hace necesario que el INAPA solucione cuanto antes la carencia de agua potable, y que las pocas veces que reciben el servicio, no es apto para consumo humano.

Periódico El Caribe, 6 de marzo de 2014.

 

 

 

 

EDITORIAL

Basta de burla

No hay que ser un jurista para darse cuenta que la justicia de Santiago se ha dejado manipular por el acusado del atentado sufrido por Jordi Veras, el señor Adriano Román. Ya hace cerca de cuatro años que se celebró la audiencia preliminar del caso, y desde entonces, la defensa del acusado y el acusado mismo, con actitudes complacientes de ciertos actores, han conseguido extender un proceso más allá de lo razonable.

Pensar que se trata de un hecho que conmovió al municipio de Santiago, a toda la provincia, a la región Norte y al país, que se trata del hijo de un connotado e íntegro abogado como Ramón –Negro- Veras, que por elemental notoriedad haría pensar que la justicia actuaría con apego a los plazos, nos indica cuánto sufren las personas humildes que pasan por un proceso judicial.

“Si eso le pasa a un hijo de Negro Veras”, como dice la gente común en Santiago, “imagínese a las personas simples”. Este caso retrata de manera palmaria un régimen de negación de justicia que desacredita a quienes tienen la responsabilidad de conducir por mejores cauces la administración de ese estamento institucional.

El mecanismo más utilizado por el acusado es jugar a la renuncia manifiesta a la defensa, mediante recursos que los jueces han tenido la singular paciencia de tolerar. En la antesala del juicio, desautoriza a sus abogados; constituye nuevos abogados, quienes con subterfugios e irrespetos, como abandonar la sala del tribunal, consiguen sistemáticamente aplazar el juicio.

Ante la negativa del inculpado, el recurso necesario es la defensoría pública. Extrañamente, la Oficina Nacional de Defensa Pública se resiste a designar un defensor, con el alegato de que Román tiene solvencia económica para sufragarlo, y la vocación de la ley es la protección de los desvalidos.

Ante una manifiesta actitud de obstrucción, debe imponerse el sentido de la ley 277-04 y de la Constitución de la República, de que a nadie se le niegue el derecho a la defensa, primero, y luego, que su negativa no pueda interponerse a la misión de la justicia. ¡Basta de burla!