Periódico El
Caribe, 6 de marzo de 2014.
EDITORIAL
Basta de burla
No hay que ser un jurista para
darse cuenta que la justicia de Santiago se ha dejado manipular por el acusado
del atentado sufrido por Jordi Veras, el señor Adriano Román. Ya hace cerca de
cuatro años que se celebró la audiencia preliminar del caso, y desde entonces,
la defensa del acusado y el acusado mismo, con actitudes complacientes de
ciertos actores, han conseguido extender un proceso más allá de lo razonable.
Pensar que se trata de un hecho que conmovió al municipio de Santiago, a toda la provincia, a la región Norte y al país, que se trata del hijo de un connotado e íntegro abogado como Ramón –Negro- Veras, que por elemental notoriedad haría pensar que la justicia actuaría con apego a los plazos, nos indica cuánto sufren las personas humildes que pasan por un proceso judicial.
“Si eso le pasa a un hijo de Negro Veras”, como dice la gente común en Santiago, “imagínese a las personas simples”. Este caso retrata de manera palmaria un régimen de negación de justicia que desacredita a quienes tienen la responsabilidad de conducir por mejores cauces la administración de ese estamento institucional.
El mecanismo más utilizado por el acusado es jugar a la renuncia manifiesta a la defensa, mediante recursos que los jueces han tenido la singular paciencia de tolerar. En la antesala del juicio, desautoriza a sus abogados; constituye nuevos abogados, quienes con subterfugios e irrespetos, como abandonar la sala del tribunal, consiguen sistemáticamente aplazar el juicio.
Ante la negativa del inculpado, el recurso necesario es la defensoría pública. Extrañamente, la Oficina Nacional de Defensa Pública se resiste a designar un defensor, con el alegato de que Román tiene solvencia económica para sufragarlo, y la vocación de la ley es la protección de los desvalidos.
Ante una manifiesta actitud de obstrucción, debe imponerse el sentido de la ley 277-04 y de la Constitución de la República, de que a nadie se le niegue el derecho a la defensa, primero, y luego, que su negativa no pueda interponerse a la misión de la justicia. ¡Basta de burla!
Pensar que se trata de un hecho que conmovió al municipio de Santiago, a toda la provincia, a la región Norte y al país, que se trata del hijo de un connotado e íntegro abogado como Ramón –Negro- Veras, que por elemental notoriedad haría pensar que la justicia actuaría con apego a los plazos, nos indica cuánto sufren las personas humildes que pasan por un proceso judicial.
“Si eso le pasa a un hijo de Negro Veras”, como dice la gente común en Santiago, “imagínese a las personas simples”. Este caso retrata de manera palmaria un régimen de negación de justicia que desacredita a quienes tienen la responsabilidad de conducir por mejores cauces la administración de ese estamento institucional.
El mecanismo más utilizado por el acusado es jugar a la renuncia manifiesta a la defensa, mediante recursos que los jueces han tenido la singular paciencia de tolerar. En la antesala del juicio, desautoriza a sus abogados; constituye nuevos abogados, quienes con subterfugios e irrespetos, como abandonar la sala del tribunal, consiguen sistemáticamente aplazar el juicio.
Ante la negativa del inculpado, el recurso necesario es la defensoría pública. Extrañamente, la Oficina Nacional de Defensa Pública se resiste a designar un defensor, con el alegato de que Román tiene solvencia económica para sufragarlo, y la vocación de la ley es la protección de los desvalidos.
Ante una manifiesta actitud de obstrucción, debe imponerse el sentido de la ley 277-04 y de la Constitución de la República, de que a nadie se le niegue el derecho a la defensa, primero, y luego, que su negativa no pueda interponerse a la misión de la justicia. ¡Basta de burla!
