La subida unilateral del costo de algunos servicios y el apañamiento de una envasadora de gas que recibió una sentencia desfavorable de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, son atribuidos al alcalde de Santiago Gilberto Serulle por el regidor Domingo Ureña, para quien el funcionario actúa como si la alcaldía fuera un negocio particular.
El concejal por el Partido de Acción Liberal (PAL) declaró que los aumentos dispuestos de manera administrativa por Serulle llegan en algunos casos al 200 por ciento y, en otros, al 300 por ciento.
De las alzas, la más protestada por Ureña es la que afecta la recogida de la basura. Según el regidor, la decisión no pasó por la sala capitular, sino que fue adoptada de manera unilateral por Serulle en beneficio de las empresas GSM y Triple A, que son las que manejan la recogida de los residuos sólidos de la ciudad.
“En los sectores comerciales el aumento en el cobro por la recogida de basura llega hasta el 300 por ciento, y en los residenciales, será de 150 por ciento debido a la resistencia de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago”, explicó Ureña.
El alza, rechazada por amas de casas y residentes de sectores como Cienfuegos, El Ciruelito, Pueblo Nuevo y Libertad, llega reflejada en la factura del agua. En un recorrido hecho por 7dias.com.do se observó que el servicio de recogida de basura era relativamente eficiente en algunos sectores y no tanto en otros, como Los Ciruelitos y Cienfuegos.
Sentencia no logra detener operaciones de estación de gas
Ureña criticó que la alcaldía funcione como si fuera un negocio particular de Serulle, a quien acusó de apadrinar la violación de la ley por permitir la continuación de las operaciones de una envasadora de GLP en el sector El Ejido a pesar de que una jueza ordenó mediante sentencia detener la obra.
La bomba de gas funciona en franco desconocimiento de la decisión judicial y con la anuncia del alcalde de Santiago, reiteró Ureña al mostrar a 7dias.com.do la sentencia dictada por la jueza Rosemary Veras Peña, presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de primera instancia del distrito judicial de Santiago.
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Por mediación de algunos “reporteros” de la prensa de la ciudad, la administración de la envasadora intentó sobornar a la periodista de este medio, ofreciendo dinero a cambio de no publicar esta información.
La orden de la jueza, contenida en el expediente No. 514-13-00024, fue emitida el pasado 31 de enero. No obstante, los dueños de la envasadora iniciaron la venta de gas al público sin que hasta la fecha se haya detenido.
El regidor Ureña expresó que para tratar de corregir la violación, con la sentencia en la mano solicitó la fuerza pública en la Fiscalía pero le fue negada porque, según le explicaron, debe recurrir al Juzgado de Paz.
La sentencia fue recibida mediante acto de alguacil número 56/2013 por Anthony Córdoba, quien figura como gerente general de la empresa propietaria del negocio.
Ureña afirma que los propietarios gozan de mucho poder político y económico, por lo que han hecho caso omiso a la decisión del tribunal. La envasadora funciona a menos de 50 metros de una fábrica de inversores, al lado de un taller de pintura de vehículos, próximo al Liceo Ulises Francisco Espaillat (UFE), y en el centro de decenas de negocios y residencias.
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